Los retos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Por primera vez en la historia moderna de México un Plan Nacional de Desarrollo (PND) incorpora el tema de género como una estrategia transversal.
 
Contempla la necesidad de realizar acciones “especiales” orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. Igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres.
 
Instruye a todas las dependencias de la administración a alinear todos los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales en torno a conceptos tales como “perspectiva de género”.
 
Plantea reducir la brecha de género en materia de acceso y permanencia laboral, finalmente cobra visibilidad y presencia la mujer trabajadora. Han tenido que pasar más de 30 años para que esto sucediera.
 
Incluye desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social, además de su bienestar y autonomía económica.
 
Refiere que una demanda recurrente en el proceso de consultas del PND fue impulsar políticas tendientes a incrementar la colaboración de los hombres en el cuidado de su descendencia y de las personas adultas mayores: la terrible carga del trabajo doméstico no remunerado y la imperiosa necesidad de armonizar trabajo/familia.
 
Está el reconocimiento de que se requiere de políticas laborales que dinamicen el mercado con un enfoque de género; será necesario que los programas sectoriales de la Secretaría del Trabajo, el económico y por último el del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), formulen políticas e instrumentos para lograrlo.
 
“En particular, se establecerán incentivos para abatir la informalidad y propiciar que los trabajadores puedan acceder a empleos formales más productivos y mejor remunerados, con especial énfasis en la participación de la mujer en la economía formal.
 
“Además, el fortalecimiento de la infraestructura de guarderías o el fomento de modalidades flexibles pueden incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral”.
 
Ya que otra de sus nuevas modalidades es precisar indicadores que permitirán medir los avances obtenidos en materia de género, y postula un índice de desigualdad de género (IDG) que pretende reflejar la desventaja de las mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
 
El índice se compone de tres dimensiones medidas a través de cinco indicadores:
 
1.  Tasa de Mortalidad Materna.
2.  Tasa de Fecundidad Adolescente.
3.  Mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa.
4.  Participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios.
5.  Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral.
 
Respecto al punto 5 es conveniente aclarar que si bien es cierto que esta tasa de participación femenina ha sido creciente no refleja las condiciones de las mujeres en el mercado laboral: la brecha salarial, el alto nivel de desempleo, sus bajos salarios, y la carencia de prestaciones laborales y seguridad social.
 
Por tanto, no es representativo en la construcción del IDG, aunque ya es un primer avance que se piense en la autonomía económica de las mujeres, conforme a las recomendaciones del Programa ONU-Mujeres y CEPAL, pero no es suficiente el indicador seleccionado.
 
Hay que resaltar que el PND es de carácter obligatorio para el sector público, pero inductivo para el sector privado. Su primera prueba de congruencia son los programas sectoriales; habrá que ver el correspondiente al Inmujeres; éstos deben estar publicados a más tardar a fin de este año. 
 
El documento contiene 31 objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de acción. Su objetivo general es llevar a México a su máximo potencial.
 
Define cinco metas nacionales: México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global.
 
Sus estrategias transversales son: democratizar la productividad; gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género.
 
En materia de seguridad social, un tema esencial para las mujeres trabajadoras, el PND se acoge a la definición de la Organización Social del Trabajo (OIT):
 
“La prestación que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también en la forma de asistencia médica, y de ayuda a las familias y sus hijos”.
 
La atención a las y los trabajadores debe ser continua e integrada, sin importar su condición laboral, es decir, una seguridad social universal.
 
Esta definición entra en contradicción con el propósito de reducir la informalidad, y generar más empleos mejor remunerados a través de una legislación laboral y políticas de seguridad social que disminuyan los costos que enfrentan las empresas.
 
No se puede abordar la seguridad social desde una perspectiva de costos laborales con el objetivo de abatirlos. En ese tipo de enfoques lo que generalmente se hace es reducir los pisos básicos de seguridad social, desde luego entra en contradicción con la definición de la OIT. 
 
Además para reducir la informalidad laboral se requieren acciones de política económica; los empleos se generan fundamentalmente gracias a los procesos económicos.
 
Aumentar la productividad para lograr un México más próspero es otro tema que se debe debatir seriamente. El factor más importante para aumentarla es la innovación tecnológica, innovación que no es de generación espontánea ni en lo inmediato, el tema remite a desarrollo tecnológico, ciencia y tecnología, y a sustitución selectiva de importaciones, también a desarrollo de mercado interno.  
 
Twitter: @ramonaponce
 
*Economista especializada en temas de género.
 
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