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Mañana inicia primer juicio oral por tentativa de feminicidio

Por Lourdes Godínez Leal

Mañana se llevará a cabo en Chihuahua la primera parte del primer juicio oral por tentativa de feminicidio, en el que cinco expertas en violencia de género descargarán pruebas para demostrar que el caso de Dolores Tarín, sobreviviente de intento de homicidio por parte de su expareja, es un delito de género, informó a Cimacnoticias Luz Esthela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y representante legal de la víctima.

En entrevista telefónica, Castro explicó que mañana se realizará en Chihuahua esta audiencia intermedia, ya que la fecha para el juicio oral está programada entre el 15 y 20 de noviembre próximo.

Cabe recodar que ésta será la primera vez que a través del nuevo sistema de justicia penal, vigente en Chihuahua desde 2007, se realice una audiencia pública ante un juez de garantía por un caso de tentativa de feminicidio que incorpora convenios internacionales signados por México, enfatizó Luz Esthela Castro.

Las cinco expertas en violencia de género que participarán mañana descargarán pruebas para demostrar que se trata de un delito de feminicidio, dijo Castro. Entre ellas están la abogada y especialista en derechos humanos Adriana Carmona; la chilena Rina Montt, quien hará peritajes con perspectiva de género; Alicia Leal, de Alternativas Pacíficas y experta en violencia de género y Elena Rosina Uranga, terapeuta especializada en violencia contra mujeres.

La activista y también abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas pugnó porque el caso de Dolores no se fuera a juicio abreviado, tal y como lo había solicitado el Ministerio Público, ya que, a decir de Castro, éste es un minijuicio donde sólo está el juez de garantía y el inculpado, quien acepta su culpa con una penalidad muy baja que es de 6 años, aunque el Código Penal estatal establece que cuando se trate de un homicidio agravante, donde el sujeto pasivo es mujer, la penalidad va de los 30 a los 60 años.

“Por ello no aceptamos”, dijo Castro, quien recordó que la organización que dirige y que tiene la coadyuvancia del caso solicitó a la jueza encargada de éste incorporar la perspectiva de género en la audiencia de vinculación a proceso del imputado.

Y que por tratarse de una mujer, tal y como lo establece el Código Penal, se considere tentativa de homicidio calificado y que la fundamentación legal de la resolución de la audiencia sea con base en los convenios y tratados internacionales especialmente CEDAW y Belém Do Pará, así como en la Ley estatal por el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Además, quese califique la tentativa de homicidio como un delito de género y una violación de Derechos Humanos.

UNA HISTORIA DE TERROR

Dolores presentó en agosto de 2007 una denuncia en la Unidad de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia estatal por violencia familiar y amenazas de muerte contra su ex pareja Héctor Gabriel Rábago Andrade.

Su caso, como el de muchas otras mujeres que denuncian violencia familiar, fue remitido al Centro de Justicia Alternativa, donde se hacen “convenios” entre las víctimas y sus agresores para no llevar los casos a juicios.

Ahí, Dolores “llegó a un acuerdo” en el cual su agresor y ex pareja se comprometió a no agredirla a partir de ese día, “a no causar dificultades y a llevaruna relación de respeto y evitar agresión física o verbal”. No obstante, según consta en los peritajes y aún en medio del proceso, éste la volvió a amenazar de muerte.

El 2 de agosto de 2008, un año más tarde, Dolores fue remitida a la Unidad de Atención a Víctimas del Delito donde una psicóloga la entrevistó. Dolores le comentó que en julio del mismo año, Héctor (su ex pareja) fuea buscarla a su negocio y en compañía de unos individuos le quebraronlos vidrios. Ella llamó a la Policía Municipal y los agentes que acudieron sólo calmaron al hombre.

Pese a ello, no se hizo nada. En septiembre de 2008, Dolores fue agredida por dos hombres contratados por Héctor para matarla, quienes la visitaron en su oficina bajo el pretexto de buscar trabajo, para después apuñalarla por la espalda.

Después de una cirugía y de permanecer algún tiempo hospitalizada, Dolores decidió cerrar su negocio y mudarse a Ciudad Juárez con su hermano. No obstante, hasta ahí han llegado los sicarios, quienes ya balearon la casa de sus familiares.

Aunque Dolores y su familia pidieron vincular la investigación con los hechos anteriores, las autoridades se negaron.

VIOLENCIA FAMILIAR RESUELTA POR CONVENIOS

En un informe presentado al Parlamento Europeo la semana pasada por el CEDEHM sobre violencia de género y feminicidio, se detalla cómo esta instancia ha solicitado medidas urgentes de protección a las víctimas de violencia familiar.

Pero la respuesta de las autoridades, dice el documento, es que “si la policía se dedicara a cuidar a las víctimas de la violencia familiar, la ciudad se quedaría sin ese personal”.

Y denuncian que por ello, la forma en que se resuelve este tipo de violencia contra las mujeres es a través de la remisión a los juzgados familiares “a fin de que se realice el depósito de personas, es decir se endosa la responsabilidad de protección a las propias víctimas”.

Ello, continúa el CEDEHM, obliga a las mujeres a solicitar los servicios de defensores públicos del ramo familiar, “integrado por personal negligente, ignorante de la situación de vulnerabilidad y sin perspectiva de género”.

OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA

El informe entregado al Parlamento Europeo, que ha seguido con interés desde hace cinco años el tema del feminicidio en México, señala que los trámites burocráticos impiden a las mujeres acceder de manera pronta a la justicia.

Éstas tienen que presentar, por ejemplo, demanda de divorcio u otra controversia judicial para que la medida de protección quede firme, lo cual tiene un costo económico que la mayoría no pueden sufragar, y si en un plazo de diez días no se presenta una controversia pierden el derecho a ser protegidas.

Otro problema que enfrentan las mujeres en situación de violencia familiar es que es obligatorio para la integración de la carpeta de investigación (antes expediente) un informe del área de psicología, que debe practicarse en unas instalaciones ubicadas fuera de la ciudad (C4), pero muchas mujeres viven lejos y no pueden costear los gastos de estos viajes, señala el documento.

De acuerdo al informe, de enero de 2007 a septiembre de este año, el CEDEHM presentó 158 denuncias penales por diversos delitos de género; de las cuales 51 fueron de violencia familiar, a pesar de que la legislación del estado de Chihuahua considera que este delito se persigue de oficio, el Ministerio Público archivó 38.

Hasta octubre del 2007 la Unidad de Atención Temprana derivó las denuncias de violencia familiar al Centro de Justicia Alternativa donde se hicieron convenios entre el agresor y las víctimas

Ninguna de las 158 denuncias ha sido llevada a control jurisdiccional. Existe denegación de justicia y negligencia en los procesos.

08/LGL/GG

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