Inicio Manga ancha a la Iglesia Católica en el gobierno de Fox

Manga ancha a la Iglesia Católica en el gobierno de Fox

Por Rafael Maya

Es mayo de 2000. En el arranque de la campaña presidencial, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Vicente Fox empuña –emulando al “padre de la Patria” Miguel Hidalgo– un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Algo se ha roto. El Estado laico sería puesto en riesgo por el hombre que ese mismo año ganaría la presidencia de México.

Siete meses después, el 1 de diciembre, el presidente electo arranca su día con una inédita misa en la Basílica de Guadalupe; más tarde, menciona a Dios en su discurso de toma de posesión en la Cámara de Diputados y horas después, durante la presentación del gabinete presidencial en el Auditorio Nacional, recibe de manos de su hija Paulina un crucifijo ante la sorpresa de la multitud.

Hay protestas, gritos inconformes de legisladores priistas: “¡Se rompió el protocolo, se violó la Constitución!”. De la ambigüedad legal que impediría asegurar si Vicente Fox transgredió o no las normas, surge la certeza de que efectivamente algo se ha roto.

Los símbolos iniciales trascienden y a tres años de que el ex directivo de Coca Cola llegara al poder, la transgresión del Estado laico –aseguran especialistas– es una práctica sutil, solapada, permitida e incluso impulsada por el gobierno federal.

SE CONFIRMA LA SOSPECHA

El 30 de julio de 2002, al arribar el Papa Juan Pablo II a la Ciudad de México con la misión de canonizar al indígena Juan Diego, Fox se humilla al besar la mano de otro Jefe de Estado. Al día siguiente, el mandatario y funcionarios de su gobierno acuden a la misa en la que se eleva a los altares al “vidente” indígena.

El abogado constitucionalista y profesor emérito de la Escuela Libre de Derecho, Elizur Arteaga, advirtió en su momento a la revista Proceso que Fox y los integrantes de su gabinete violaron la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas.

“Se violó el primer párrafo del artículo 130 constitucional, que establece la separación entre el Estado y las iglesias, así como el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas, que dice (que los funcionarios públicos) no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni actividad que tenga motivos o propósitos similares”, aseguró el jurista al semanario.

OMISION CÓMPLICE

A tres años del comienzo de la gestión foxista –el primer gobierno no priista tras 70 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), –, juristas, analistas, legisladores y activistas de organizaciones civiles reiteran que “hoy más que nunca” el Estado laico está en riesgo.

“El actual gobierno ha dejado la puerta abierta a la Iglesia Católica para que interfiera en política. Es una revancha histórica del clero”, enfatiza Eduardo del Castillo, coordinador nacional del Frente por el Fortalecimiento de la Cultura Laica.

Añade que la gestión de Vicente Fox ha propiciado que la jerarquía católica actúe con “premeditación, alevosía y ventaja” al intervenir en las políticas públicas.

El también ingeniero por el Instituto Politécnico Nacional afirma que la Secretaría de Gobernación (SG), encabezada por Santiago Creel, comete el “delito de omisión” al no sancionar –conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas– a los jerarcas que atacan las campañas sanitarias de uso del condón y otros anticonceptivos.

El numeral cuatro del artículo 29 de dicha ley prohíbe a las asociaciones religiosas “promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos”.

ATENTADOS A LA SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO

El sociólogo Roberto Blancarte considera que más que violar el Estado laico el gobierno de Vicente Fox ha atentado contra el principio de separación Iglesia-Estado, uno de los pilares del laicismo. Explica que esa violación es “sutil y perniciosa” al incorporar elementos religiosos en la vida política.

El gobierno federal, añade, “más que cometer un delito va en contra de los principios constitucionales, contra el espíritu del laicismo”.

En contraposición a Eduardo del Castillo, el especialista en asuntos religiosos observa que la administración foxista no ha cometido omisión legal al no sancionar a jerarcas católicos que han intervenido en política.

Apunta que las autoridades federales tienen una “concepción negativa” del Estado laico. Ignoran el carácter del Estado laico y atentan contra la libertad religiosa de las personas, sostiene.

Roberto Blancarte ex candidato a diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, afirma por el contrario que el presidente Fox violó “abiertamente” la Ley de Asociaciones Religiosas al acudir el 31 de julio de 2002, en su carácter de mandatario, a la misa de canonización de Juan Diego.

Igualmente, el titular de Gobernación, Santiago Creel, y el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la misma dependencia, Javier Moctezuma Barragán, violaron la norma al no sancionar al jefe del Ejecutivo.

“En total ignorancia de la ley, Fox sostuvo que la garantía individual de la libertad religiosa le permitió acudir a ese acto. Con tal acción, el presidente mandó la señal de que se puede violar la legislación con base en la libertad religiosa.” Blancarte advierte que “hasta cierto punto” hay complicidad entre las autoridades federales y la jerarquía católica.

Sobre el sonado caso de los obispos que llamaron meses antes de la elección federal del pasado seis de julio a no votar por partidos que promovieran el uso del condón o la despenalización del aborto, el investigador del Colegio de México reitera que los curas violaron el Código Federal Electoral al inducir el sufragio entre las y los votantes.

En cuanto al beso de Fox al anillo papal, el también ex funcionario de la Segob difiere del jurista Elizur Arteaga y señala que en ese caso no hubo violación a la ley sino “un problema de investiduras, de los límites entre lo público y lo privado”.

ATOLE CON EL DEDO

El abogado Jesús Robles Maloof, asesor jurídico del Partido México Posible, denuncia la actitud del subsecretario de Gobernación, Javier Moctezuma Barragán, quien hace unos días argumentó que esa dependencia no puede sancionar a los obispos católicos que interfirieron en el pasado proceso electoral porque no existe el reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosos.

Objeto de polémica, la publicación de ese reglamento en el Diario Oficial de la Federación está prevista para el próximo 27 de agosto.

“Nos dieron atole con el dedo, Gobernación engañó a la sociedad al faltar a su responsabilidad” de castigar a los prelados denunciados por inducir el sufragio. Robles Maloof, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana enfatiza que el mayor peligro para el Estado laico es que la autoridad renuncie a sus obligaciones y permita la injerencia de la Iglesia católica en política.

2003/RM/MEL

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