El desconocimiento de la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es el principal obstáculo por el que la mayoría de los estados no han retomado aún esta norma, manifestó la antropóloga y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, ex presidenta de la Comisión Especial de feminicidios en la LIX legislatura.
Al participar en la Mesa de diálogo sobre Alcances de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, realizada en esta ciudad en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicó que sólo cinco estados han aprobado su propia ley ?Campeche, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa– y confió en que Sonora contará muy pronto con una ley muy completa.
Seguramente retomarán lo mejor de cada una de las tres iniciativas que existen en la entidad, dijo.
En su intervención, opinó que es una pena que las autoridades no hayan distribuido la ley y que ni siquiera la conocen y agregó que se han banalizado algunos de sus aspectos.
«La nombran como una ley federal cuando no lo es. Es una ley general y un marco normativo que puede institucionalizar la ley relativa a violencia, sobre todo otorga mecanismos de acceso al disfrute de un derecho».
Dio a conocer que el nombre de la ley se debe a que la clave para combatir la discriminación y la desigualdad es construir los mecanismos de acceso, «ya que si no los hay de nada sirve una ley».
Narró que cuando diseñaron esta ley querían que nombrara a todas las mujeres por eso no se llama «de la mujer» sino de las mujeres. Con ello se coloca a las mujeres como sujeto político y en este caso como sujeto jurídico. Es la única ley que tiene como sujeto a la mujer, subrayó y explicó que armoniza instrumentos jurídicos internacionales, ya que México tiene más de treinta recomendaciones internacionales para que armonice sus leyes referentes a violencia hacia las mujeres.
Otra de las aportaciones de esta ley es que protege el derecho a una vida libre de violencia. Contempla el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades de las mujeres. Lo cual incluye la integridad física y psíquica y moral, libertad y seguridad, no ser sometida a tortura, que se respete la dignidad inherente a su persona y a que se proteja a su familia.
Además, de igualdad de protección ante la ley, libertad de asociación, igualdad de acceso a las funciones públicas del país y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisiones.
Es también un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que amparan a las mujeres contra actos que violan sus derechos. Por ello, deberá impactar los códigos penal y civil para efectos de procedimientos y sanciones.
Por primera vez, enfatizó, refleja el grado de complejidad que significa la violencia hacia las mujeres. Es por eso que define combinaciones entre tipos y modalidades de violencia. Muchas mujeres sufren varias de estas combinaciones, define los tipos de violencia: física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, Y por ámbito define las modalidades: familiar, laboral y docente, comunitaria, institucional y feminicida.
VIOLENCIA LABORAL
La maestra en ciencias Mireya Scarone, del sindicato de telefonistas, comentó en la mesa de diálogo que la Ley de Acceso debería de contemplar la violencia laboral por separado de la docente. Y, sobre ese aspecto, acentuó que debería señalar a la Secretaría del Trabajo como el órgano responsable de supervisar que se cumpla con los ordenamientos que marca esta legislación.
La observación se deriva de que en la Ley general se incluye en el mismo apartado la violencia laboral y la docente, cuando esto podría parecer redundante si se refiere a empleadas y maestras en relación a funcionarios, directivos y compañeros de trabajo.
Agregó que, en todo caso, lo que debe especificarse más es la violencia escolar en su conjunto y la del ámbito laboral tratarla aparte.
SISTEMA JUDICIAL DEFICIENTE
Por su parte, Patricia Alonso Ramírez, coordinadora de Nosotras Ciudadanas e integrante de Cobanaras, advirtió que el sistema legal, al menos en la entidad, es deficiente y por lo tanto limita el cumplimiento de su propósito: garantizar el acceso del pueblo a gozar de sus derechos.
Aseguró que la Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no es terquedad, sino un derecho de las ciudadanas en Sonora. Es la necesidad de contar con una legislación que no deje cabida a interpretaciones particulares basadas en ideas y actitudes misóginas y discriminatorias. Es el interés de que las mujeres seamos valoradas desde un marco jurídico, que nos garantice nuestra seguridad y los derechos humanos.
Refiriéndose a las tres iniciativas de ley, que actualmente están por dictaminar en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos de la Mujer, dijo que como propuesta se debería incorporar al cuerpo de la ley, el principio rector de la no discriminación.
Es inadmisible que un precepto de tal naturaleza contemplada en una Ley General sea omitida y preocupa mucho más, cuando en la entidad carecemos de una Ley de la No Discriminación, dijo.
Agregó que se deben ampliar los contenidos de los artículos que abordan la violencia en los ámbitos familiar, comunitaria, institucional y feminicida. En cada una de ellas, los conceptos, sus elementos o mecanismos, son limitados o fueron descartados. Y como ejemplo mencionó que en violencia feminicida se debe incorporar en el concepto, lo relacionado a la impunidad del Estado.
Así mismo, indicó que se debe rescatar la condición de preferencia sexual en las medidas que se lleven a cabo para garantizar la vida libre de violencia a las mujeres. Como último punto observó que si bien las tres propuestas que se discuten contemplan destinar presupuesto para aplicar la ley, se debe asegurar que se designen recursos públicos suficientes y no menores al presupuesto del año anterior.
APLICAR LA LEY
La doctora Rosario Román, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC y presidenta del consejo consultivo del Instituto Sonorense de la Mujer, opinó que la aplicación de las leyes aún no encuentra los causes adecuados para que la legalidad impacte a la realidad.
«La agenda política social no concuerda con las técnicas que los varones utilizan actualmente para lograr que la sociedad, ante una violación por ejemplo, no ponga en duda la honestidad de la mujer violada o no cuestione a quien se atreve a denunciar actos de violencia conyugal».
Dijo que el verdadero cambio tiene que ver con la construcción de nuestra ciudadanía, entendida ésta como la capacidad de las personas para relacionarse con el Estado en términos de igualdad. Sin embargo, hasta ahora ninguna ley, política pública o programa social está dirigido específicamente a desarrollar ciudadanía entre las mujeres.
«Para que la violencia sexista deje de existir, se requiere que desaparezca el sexismo. Sólo así podrá darse paso al reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres. La realidad seguirá superando a la legalidad mientras existan casos de empleadores que acosan a sus trabajadoras, padrastros que violan a sus hijas y la sociedad siga considerando que la explicación de estos delitos es que los varones actúan así, arrastrados por una ?pasión incontrolable? y que las mujeres no tengamos las herramientas necesarias para defendernos».
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, al igual que el conjunto de ordenamientos legales que las mujeres hemos impulsado, no son para alcanzar la equidad. Son sólo instrumentos reactivos para la defensa de nuestra integridad y supervivencia, expresó.
Debe ser difundida, así como los demás ordenamientos legales, de manera que todas las mujeres sepan al menos que existen y que pueden utilizarlas en su defensa, finalizó.
07/SN/CV
