La Empresa Isabelitas, ubicada en el estado de Sinaloa, se negó a trasladar a Guerrero el cuerpo de Marcial Solano González, niño migrante me´phaa (tlapaneco) de 11 meses de edad, quien falleció en un campo agrícola a causa de una enfermedad diarreica y presionó a la familia para sepultarlo en aquel estado y así evitar gastos por el traslado del cuerpo.
Marcial falleció debido a que los servicios de salud y las condiciones laborales para las y los jornaleros agrícolas que migran a los campos de Sinaloa siguen siendo negligentes e irregulares, informó en comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Margarita Nemesio, coordinadora del Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales del Centro Tlachinollan, expresó que esta situación es sumamente grave porque demuestra que no se está asumiendo con seriedad el asunto de la seguridad social y que lamentablemente la mayoría de las niñas y niños indígenas mueren sin que las autoridades se enteren que existieron.
En diciembre del 2007 Marcial fue llevado por su madre a Sinaloa en donde ella se emplearía como jornalera agrícola en el campo Isabelitas, el cual pertenece a la Agrícola del Valle, en el municipio de Villa Juárez. Mientras el padre del niño viajó hace dos meses hacia Estados Unidos en busca de mejorar las condiciones de vida de su familia.
De los aproximadamente 9 mil jornaleros agrícolas que registró el Consejo Estatal de Jornaleros Agrícolas en esta temporada alta de migración, que va de septiembre a enero, Marcial se encontraba entre las 653 niñas y niños que comprendían el rango de 0 a 1 año, abunda Tlachinollan.
DEFICIENTES SERVICIOS DE SALUD
Margarita Nemesio relató que en una llamada telefónica que hizo el lunes 18, Secundino González, abuelo de Marcial, denunció que su nieto comenzó con vómito desde el viernes 15 de febrero y que de inmediato lo llevaron con un médico particular, pero al no mejorar lo llevaron al hospital de Villa Juárez para que lo atendieran por medio del seguro médico que les proporciona la empresa, pero que la atención fue «deficiente» y murió tres días después.
Aún cuando el abuelo de Marcial buscó a Patricia Quiñones, trabajadora social de la empresa, para que lo auxiliara en la canalización de su nieto a otro hospital, ésta no estuvo disponible.
Y cuando solicitaron que trasladaran el cuerpo de Marcial a Tonaya, en donde se sepultarían a partir de sus usos y costumbres (pues dentro de su cosmovisión no es posible sepultar a sus muertos en un lugar ajeno al que nacieron), la empleada respondió que «Isabelitas, no apoya para traslados fuera del estado y menos cuando se trata de recién nacidos, que sólo podrían ayudarlo a sepultarlo en un cementerio de Sinaloa».
Finalmente la familia terminó cubriendo todos los gastos del entierro y la empresa sólo prestó una camioneta pequeña y les dio mil 200 pesos para el pago del ataúd, añadió Margarita Nemesio.
Las y los niños son los más vulnerables dentro de la población que migra a los campos agrícolas, al grado de que muchos no cuentan con actas de nacimiento, ni nombre y padecen altos grados de desnutrición, señala Nemesio. En lugar de ir a la escuela, se enrolan en el trabajo desde muy pequeños padeciendo la semiesclavitud que se traduce no sólo en explotación, sino en mayores riesgos para enfermar por agroquímicos.
«El sufrimiento de las y los niños no preocupa a las autoridades, porque no forman parte de su agenda política y más bien siguen siendo invisibles, porque no representan capital político para los candidatos, más bien significan gastos onerosos para los gobiernos», denunció Margarita Nemesio.
EN 6 MESES, CINCO MUERTES
A consecuencia de las condiciones inhumanas en que las empresas agrícolas del norte de país mantienen a las y los indígenas de Guerrero, han perdido la vida niños como David Salgado Aranda, originario de la comunidad nahua de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort.
Él fue atropellado y muerto por un tractor en un campo. Su caso resonó a nivel internacional e incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) fijó su postura en un comunicado. Pero ni justicia ni indemnización han recibido sus familiares.
Otro caso trágico e impune fue el del indígena me´phaa, Timoteo Ventura Pastrana, originario de Colonia de Filadelfia, municipio de Tlapa de Comonfort. Una camioneta, manejada por un empleado de una agrícola de Chihuahua, donde trabajaban sus padres, le arrancó el brazo.
Desde que comenzó la temporada alta de migración de jornaleros agrícolas de Guerrero, han muerto cinco indígenas, dos adultos y tres menores de edad, incluyendo entre estos últimos a Marcial. Pero la cifra posiblemente sea mayor, pues no todos los casos llegan a al Centro Tlachinollan, abunda la organización en su comunicado.
LAS CIFRAS
Aproximadamente 350 mil niñas y niños en México abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos, señala el Diagnóstico sobre la condición social de las niñas y niños migrantes internos, hijos de jornaleros agrícolas, que realizó en 2006 el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas junto con Unicef-México.
La mayoría proviene de comunidades indígenas y muchos trabajan en los campos agrícolas con el consecuente riesgo para su salud y desarrollo. Y cerca del 42 por ciento padece algún grado de desnutrición.
De acuerdo con cifras oficiales en 2006, migraron de Guerrero 14 mil 21 niños y niñas indígenas de la región de La Montaña. Sin embargo, de acuerdo a estimaciones de Tlachinollan, son casi 20 mil los menores indígenas que abandonan temporalmente sus comunidades, pues están los que se van a Morelos y lo que no se registran, porque viajan de manera independiente.
08/GT/GG
