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Más contradicciones de policías que acusan a joven activista

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

En la ampliación de declaraciones para determinar la inocencia de la joven Jacqueline Santana López, quien fue acusada de robar junto con su novio 500 pesos a una mujer policía, los abogados de la activista –quien ha participado en protestas por justicia en el caso Ayotzinapa– hallaron nuevas inconsistencias en el testimonio de la denunciante y sus dos testigos.
 
La defensa legal de Jacqueline Santana –una joven de 23 años de edad que desde noviembre de 2014 está presa en penal de Santa Martha Acatitla, en esta capital– informó en rueda de prensa que el Juzgado Décimo Tercero de Procesos Penales Federales inició desde el pasado 10 de febrero una ampliación de declaraciones para determinar la inocencia de ella y su novio, Bryan Reyes Rodríguez.
 
Ambos jóvenes fueron acusados el 15 de noviembre de 2014 de haber robado con dos cuchillos de cocina a una mujer policía en presencia de dos de sus compañeros, cerca de las 2 de la tarde.
 
Los jóvenes, sus familiares y testigos afirman que a esa hora los estudiantes fueron sometidos al interior de dos vehículos por un grupo de civiles (que luego se identificaron como policías federales); y en el trayecto fueron intercedidos fortuitamente por policías del DF, lo que obligó a los captores a presentar a los detenidos ante el Ministerio Público (MP) de la delegación Álvaro Obregón y acusarlos del supuesto robo.
 
La detención de Jacqueline Santana y Bryan Reyes ocurrió justo cinco días antes de la gran movilización del 20 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México, en apoyo a las familias de Ayotzinapa por la desaparición de 43 estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre del año pasado.
 
Antes de su arresto, Jacqueline participó en la Jornada de Acción Global en apoyo a las familias de Ayotzinapa. También era integrante de un grupo de mujeres en contra de la violencia de género y para denunciar los casos de feminicidio en el Estado de México.
 
PROCESO IRREGULAR
 
De acuerdo con Jorge Miranda, abogado defensor de Jacqueline Santana (quien también es estudiante de excelencia de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México), las declaraciones ampliadas de la denunciante, Lidia Zárate Herrera, y de los testigos, José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo, (todos policías federales) refieren relatos diferentes de los hechos respecto al momento en que la agente supuestamente fue atacada por los jóvenes; la ubicación geográfica de los hechos; la posición de los testigos en el momento del robo; y quién dio la orden para la detención de los estudiantes.
 
En su declaración, los policías testigos manifestaron haber presentado a los jóvenes ante el MP alrededor de las 6 de la tarde, aunque el presunto robo ocurrió cuatro horas antes y las instalaciones del MP no quedan a más de 15 minutos de distancia en coche.
 
Además, los elementos policiales explicaron su presencia en la zona porque realizaban “labores de prevención del delito” aun cuando esta actividad no forma parte de sus funciones, y señalaron que el resto de los policías que llevó al MP a los estudiantes se encontraba en las inmediaciones porque “estaban comiendo” por el lugar.
 
En apoyo a Jacqueline, la defensa legal también informó que ya recibió el dictamen pericial oficial (del 17 de noviembre de 2014), que acredita que en los cuchillos que fueron puestos a disposición del MP “no se observaron ni revelaron huellas aparentes” de los estudiantes ni de los policías.
 
OPERATIVO DE REPRESIÓN
 
Los abogados aseguraron que el secuestro de los jóvenes formaba parte de un operativo implementado por la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal, que pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad.
 
Aseguraron que en tal operativo participaron más de 12 elementos equipados con armas de fuego, radio y vehículos oficiales sin ningún tipo de identificación.
 
Con este nuevo desahogo de pruebas –dijo la defensa– “esperamos que Jacqueline y Bryan queden pronto en libertad”; sin embargo, aún tardará varios meses para que el Juzgado dicte una nueva sentencia.
 
Los abogados recordaron que el pasado 13 de enero las familias presentaron a la subprocuraduría de Control de Procesos Penales Federales, de la Procuraduría General de la República, una solicitud para que haga un “desistimiento de la acusación penal”, misma que hasta ahora no ha sido analizada ni valorada por la dependencia.
 
María de la Luz López Pérez, mamá de Jacqueline, contó a Cimacnoticias que está resultando muy costoso, en cuanto a tiempo y economía, mantenerse a sí misma y a su hija durante este  proceso penal en el que –aseguró– “al final se va a comprobar su inocencia”.
 
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