Cada año entre 600 mil y 800 mil personas en el orbe son víctimas de la trata de personas, mientras que en México se calcula que más de 20 mil padecen este abuso, el cual deja ganancias a la delincuencia mundial por más de 9 mil millones de dólares, sólo superadas por el tráfico de narcóticos y de armas, advirtieron expertos reunidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó la institución en un comunicado.
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), el director de la entidad, Fernando Pérez Correa, inauguró el Coloquio Prevención y erradicación de la trata de personas en México, convocado por la Universidad Nacional y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). Ahí, las y los especialistas coincidieron en la urgencia de que en la nueva agenda social del siglo XXI se reconozca esta problemática para diseñar políticas públicas que la combatan.
El integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social, Rolando Cordera, señaló que se trata de un fenómeno multifactorial que se ha mantenido sumergido ante la opinión pública nacional e internacional, pero que adquiere dimensiones millonarias para los delincuentes y da lugar a prácticas vergonzosas.
Expresó que la globalización ha traído como consecuencia la migración, dentro de la cual existe la expresión dolorosa de la trata de personas, que a su vez propicia fenómenos como la prostitución, esclavitud, rapto, sufrimiento, opresión, negación y abuso.
Aseveró que en México se elude esta problemática todos los días, con el agravante de que sin haber legislación e instituciones adecuadas para enfrentarla, «nos acomodamos de la manera más pasiva e irresponsable a las exigencias del país vecino en materia de seguridad internacional, que es más bien la de ellos».
Opinó que se trata de un fenómeno multifactorial, que presenta ya con claridad sectores vulnerables, como las mujeres y la infancia, quienes son objeto no solamente de esta práctica inhumana, sino de aspectos criminales inauditos como la trata de órganos de infantes, hechos que no son ajenos al país y los cuales deben afrontarse.
Por su parte, el director de la FCPyS, Fernando Pérez Correa, coincidió que se trata de un problema multifactorial, por lo que se debe buscar la prevención. Asimismo, confió en que este año pueda concretarse la legislación en la materia.
El tráfico de personas, expuso, es uno de los temas más dramáticos en el registro de las actividades institucionales en México, ya que, en rigor, hasta el momento no hay un instrumento normativo que procure la prevención o su castigo.
Resaltó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció que al menos en 21 entidades federativas de México se registra una clara explotación sexual que incluye a las y los niños, sin que haya cifras precisas sobre el tema ni conciencia sobre el asunto.
Frente a ello, opinó, una parte importante de la respuesta institucional de este problema ha resultado de las presiones internacionales, más que de la apuesta a la defensa de valores fundamentales de los derechos humanos.
Indicó que en 2005, el Departamento de Estado de Estados Unidos ubicó en su informe a México entre los países con «luces amarillas», con naciones como República Dominicana o Haití.
Asimismo, recordó que hace tres semanas, el Congreso de Tlaxcala fracasó en el intento de tipificar el delito de trata de personas.
A su vez, el director general del CEIDAS, Mario Luis Fuentes, precisó que este complejo fenómeno involucra una serie de violaciones a los derechos humanos y tiene como fondo la desigualdad y la pobreza.
Consideró que es urgente la reflexión colectiva para combatirlo y hacer visible este flagelo, ya que es un tema que a su vez requiere la intervención internacional.
Al participar en la mesa Turismo sexual y explotación sexual comercial infantil en México, la integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rosa María Álvarez de Lara, convocó a un frente común para afrontar el problema, al señalar que sin una cooperación internacional eficiente no se podrá atender esta situación.
Expuso que se ha avanzado en la configuración de un marco jurídico en la materia, pero ha sido insuficiente, por lo que es urgente tomar medidas para evitar que México siga siendo un «paraíso» donde se puede atentar contra las y los niños.
Para Lucía Montiel, de la Universidad Iberoamericana, el turismo sexual infantil, donde más de un millón de niños son explotados a nivel mundial, no tiene respuestas ni soluciones sencillas. Es un fenómeno multicausal, por lo cual es requiere una labor compleja, así como acciones de sector público y privado.
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