La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas costó 3 millones 263 mil 718 pesos, canalizados a través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destinados a su armonización e implementación.
De acuerdo con datos provenientes de la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género, cada estado de la República obtuvo idéntico recurso para el mismo objetivo. Así, se está erogando un total de104 millones 448 mil 999 pesos para que todos los estados armonicen las leyes y den cumplimiento a la Ley para prevenir y erradicar la violencia hacía las mujeres.
Luego de la publicación de la referida leyen el Diario Oficial del estado (23 de marzo), el gobernador Juan Sabines Guerrero tomó protesta al Consejo Estatal de Acceso para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo que se cree se sustituye la Red de Atención Integral a Víctimas de la Violencia, pero no se estaría cumpliendo aún con lo estipulado en la Ley general, pues está faltando la Alerta de Género.
Dicho Consejo está integrado por la Secretaria General de gobierno, quien funge como presidenta, además del Instituto Estatal de las Mujeres, quien actuará como Secretaría Ejecutiva, y la Procuraduría General de Justicia del Estado, que fungirá como Secretaría Técnica.
Los demás miembros son:Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Educación, Salud, Desarrollo Social, Pueblos Indios, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, la Comisión de los Derechos Humanos, un representante del Ppoder Judicial, otro del Poder Legislativo, así como los titulares de las dependencias o entidades encargadas de aplicar programas a favor de las mujeres en los municipios, y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen con y para las mujeres.
El Consejo tiene las siguientes atribuciones: planear y coordinar acciones para la integración y funcionamiento del Sistema; aprobar el programa de los modelos y los programas especiales y evaluar su cumplimiento; orientar a la comunidad sobre las políticas y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; proponer o validar los protocolos que rijan la operación de los refugios para la atención a mujeres víctimas de violencia y de los centros de rehabilitación para agresores.
Asimismo, establecer y promover la capacitación y actualización permanente, con perspectiva de género, de los grupos e individuos que participen en el Sistema;proponer a las autoridades facultadas para expedir ordenamientos legales diversos en la materia objeto de esta Ley, proyectos o recomendaciones normativas que tengan como propósito prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Y proponer anualmente al Ejecutivo estatal que asigne, en el Presupuesto de Egresos, partidas suficientes a las dependencias que integran el Sistema para el cabal cumplimiento de los objetivos de la ley, y para la difusión de la legislación en materia de violencia contra las mujeres. También, convocar a los representantes de organizaciones de la sociedad civil para que se integren el Consejo.
ALERTA DE GÉNERO, ASIGNATURA PENDIENTE
No obstante, la Alerta de Género es una asignatura pendiente; por ello, la ley está «coja», amén de que no hay certidumbre respecto a las acciones de las instituciones que integran el Consejo, sostiene la feminista Martha Figueroa.
La ausencia de ese mecanismo que tiene por finalidad proteger a las mujeres de una serie de actos que atentan contra su vida, ya genera reclamos y situaciones de inconformidad en otras entidades, como Guanajuato.
Al respecto, existe una petición escrita a María del Rocío Gaytán, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, apoyada por Martha Lucía Micher Camarena, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), en total respaldo a a la petición de 10 organizaciones de la sociedad civil guanajuatense.
Micher solicita a Rocío Gaytán dar cumplimiento a la solicitud, con base en el Artículo 36 del Reglamento de la LGAMVLV, y la exhorta a convocar una sesión extraordinaria para la discusión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres solicitada por el Centro de Derechos Humanos «Victoria Diez» y nueve organizaciones más de la sociedad civil.
09/CR/RMR
