Pese a que esta ciudad presume ser de vanguardia, la capital del país no ha logrado erradicar las brechas de género en el ámbito laboral, ya que 51 por ciento de las trabajadoras en la urbe están en la informalidad.
En el marco del Día Internacional de la Mujer –a conmemorarse este 8 de marzo–, la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del DF realizó el foro “Mujeres trabajadoras y sus derechos”, que reunió a expertas, académicas, trabajadoras y representantes sindicales, quienes compartieron sus visiones sobre las condiciones laborales de las capitalinas.
En su intervención, la especialista en género y economía, Carmen Ponce, enfatizó que son las mujeres quienes en su mayoría realizan el trabajo no remunerado, situación que se da en todo el país y a pesar de los logros de las capitalinas en el reconocimiento de sus Derechos Humanos (DH), el patrón se repite en esta ciudad.
En la capital del país –dijo– muchas de las mujeres son trabajadoras “sin piso firme”, es decir, están en el mercado laboral sin garantías de seguridad social.
La especialista señaló que el 47 por ciento de la población ocupada en el DF son mujeres. El 51.2 por ciento de ellas está en la informalidad, en contraste con el 50.2 por ciento de la población masculina que labora en estas condiciones.
En este contexto, aclaró que el subempleo no sólo se refiere a las mujeres emprendedoras o a las dedicadas al comercio informal, pues existen empresas e instituciones de gobierno que aunque en su estructura son formales, contratan a sus trabajadores sin prestaciones.
Ponce precisó que si bien más del 40 por ciento de las mujeres en el ámbito informal se desenvuelven en el autoempleo y el comercio informal, el 7.7 por ciento de las trabajadoras sin seguridad social están en trabajos relacionados con la agricultura y el 23.8 por ciento laboran en empresas o instituciones.
Lo anterior se traduce en que millones de trabajadoras y sus familias no tengan derecho a guarderías, prestaciones, crédito para vivienda, o acceso a servicios de salud.
Esto se agrava en el caso de las jóvenes, pues con las actuales condiciones laborales “no van a poder jubilarse, comprar una casa, o tener acceso a servicios médicos, y su gasto de bolsillo va a ser más alto”.
Carmen Ponce concluyó que esta falta de acceso de las trabajadoras a empleos formales, además de generar pobreza para ellas, crea problemas al Estado, pues se ve obligado a “invertir más en el gasto social”.
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