Aline Castellanos Jurado sostiene que en Oaxaca la defensoría de los derechos humanos es una tarea de alto riesgo y que sobre ella las autoridades aplican «una especie de venganza política».
El robo de las oficinas de Limeddh, cuando era presidenta de ese organismo; el allanamiento a su casa mientras estaba de viaje, y una nueva orden a de aprehensión por un delito que asegura no cometió confirman que en Oaxaca no sólo se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas, también de quienes las defiende, afirma Castellanos Jurado en entrevista con Cimacnoticias.
Con poco más de 30 años de edad, esta abogada de profesión y periodista inició su activismo a favor de los derechos humanos cuando era estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
En aquella época enfrentó al sistema cuando las autoridades perseguían a indígenas zapotecas de Loxicha por su presunta vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los responsables del robo, el allanamiento y de la orden de aprehensión, que de nueva cuenta se giró en su contra hace unos días por su supuesta responsabilidad en la toma del Canal 9 el 1 de agosto pasado, tienen nombre y apellido, dice.
Explica que ante la primera orden de aprehensión se le concedió un amparo; sin embargo, de nueva cuenta se giró otra orden de aprehensión en su contra, ya que el juez federal hace señalamientos al juez local sobre una serie de supuestas inconsistencias en la fundamentación hecha.
Ante esta circunstancia, Aline Castellanos se prepara para solicitar un nuevo amparo, pues el juez federal asegura que «hubo ánimo de apropiación del inmueble (Canal 9)».
Sin embargo, sostiene que a diferencia de quienes la acusan, entre ellas la titular de esa institución, Mercedes Rojas Saldaña, ella no estuvo presente en la toma de las instalaciones del canal de televisión estatal, mismo que realizaron la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca «1 de agosto», luego de efectuar una marcha.
Si no estuve en el canal 9, durante la toma, por tanto, no pude haber participado en ningún acto de violencia, ni agredí a las empleadas o los empleados de la televisora, como indebidamente se me acusa, «finalmente, estamos frente a una cuestión política y no frente a un asunto jurídico», sostiene la entrevistada.
La activista, quien tuvo que permanecer lejos por más de 60 días, sostiene que la persecución contra mujeres, contra hombres y contra quienes defienden los derechos humanos «constata lo que hemos estado denunciando durante años, que aquí en Oaxaca se violentan los derechos humanos, hay impunidad, hay una administración de justicia corrompida».
Castellanos Jurado dice que la próxima audiencia que solicitaron las organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nuevamente trata de «poner el dedo en la yaga» para ver qué harán el gobierno federal o las instancias internacionales con relación a la permanente violación a las garantías individuales de las y los oaxaqueños.
«Me pregunto si van a seguir esperando que haya más detenciones, desapariciones o más asesinatos, para que se decidan ver lo que está pasando en Oaxaca o decidan que el tema es importante».
Esta situación me hace también preguntar hasta cuándo se van a empezar a modificar formas de hacer gobierno, de hacer justicia y que más tenemos que hacer para demandar que así sea, porque parece que el pueblo oaxaqueño ya se movilizó de todas las formas posibles, dice.
Mientras estuve fuera, mi corazón estaba en Oaxaca y mi cabeza estaba llena de preguntas que buscaban respuesta, «había en mí una mezcla de rabia, de tristeza, porque ahora me han sumado a una lista de agravios».
En ese sentido, la defensora de derechos humanos y actual integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en esta entidad hace un recuento: hay situaciones graves, como el caso de 21 asesinatos, más de 350 personas vejadas y detenidas arbitrariamente y un montón de órdenes de aprehensión pendientes.
Soy parte de una lista de represión y persecución. Y en medio de ello debo reorganizar la vida para regresar y seguir trabajando, porque finalmente así es como le doy sentido a mi propia vida, reflexiona.
«Apelamos siempre no sólo a la voluntad política, al sentido común de quienes gobiernan, sino principalmente a la legalidad, a las normas que nos dan quienes nos gobiernan y a que las apliquen con imparcialidad, con objetividad, que no sea entonces por motivos políticos que se persiga a las personas».
Confiamos en que habrá una sensatez política para retomar Oaxaca, desde el punto que se debió retomar hace muchos meses, es decir desde el diálogo y el acuerdo político, para resolver los problemas profundos e históricos, para que la demanda cese, la crítica cese y podamos avanzar hacia otro lado.
Castellanos ha sido presidenta de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), integrante del grupo Mujer Libre y del Colectivo Huaxyacac. Fue fundadora del Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer e impulsó hace poco más de una década la Asamblea Estatal de las Mujeres, además de ejercer el periodismo en los semanarios La Hora y Contrapunto, el diario Cantera, y colaboró con la agencia Cimacnoticias.
07/SJ/GG/CV
