A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé a conocer si el gobernador de Puebla Mario Marín y sus subalternos incurrieron en violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, hoy la comunidad artística e intelectual de México advirtió que lo que está en juego «es saber si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos».
En un desplegado, artistas, escritores, cineastas e intelectuales señalan como «fundamental» el tema para el país, por lo que exhortaron al pleno de la SCJN a «devolver a las y los ciudadanos mexicanos nuestro derecho a confiar en los tribunales».
Y advierte que «si las autoridades poblanas son eximidas de su responsabilidad, si no se reconoce la evidente existencia de redes de pornografía, abuso y trata de menores de edad en México, será muy difícil que algún otro ciudadano o ciudadana se atreva a desafiar en un tribunal a hombres que utilizando el poder público corrompen a la sociedad y fortalecen la criminalidad en México».
LA PRENSA DICE
Desde la semana pasada se empezaron a filtrar en medios tanto locales como nacionales los resultados de la investigación (la segunda que realiza la Corte) encabezada por el ministro Juan Silva Meza, donde «suponen» que los resultados serán adversos para Mario Marín, la procuradora Blanca Alicia Villeda, el ministro poblano Guillermo Pacheco Pulido y para la jueza quinta de lo penal Rosa Celia Pérez González.
La Jornada adelantó que la SCJN se pronunciará por someter al «gober precioso» a juicio político en la Cámara de Diputados federal ya que éste utilizó el aparato estatal (a través de sus funcionarios públicos y del sistema judicial) para detener a la periodista.
Y señala que también se pedirá a la PGR ejercite acción penal contra los procuradores de la entidad, Blanca Alicia Villeda y Bello Melchor Rodríguez, por «un presunto» intercambio de llamadas telefónicas para la detención de Lydia Cacho.
Asimismo, dice el diario, el pleno de la SCJN pedirá el desafuero del ministro Guillermo Pacheco Pulido para que sea consignado a tribunales por haber «operado de manera irregular para que se cambiara la decisión de una juez penal que originalmente había negado una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho, dentro del juicio por difamación y calumnias que en 2005 inició en su contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge».
Y se pedirá la destitución de Rosa Celia Pérez, jueza quinto de lo penal, quien ordenó la captura de la periodista, se negó a darle medidas cautelares, dictó el auto de formal prisión contra Cacho y luego se declaró incompetente para seguir el juicio.
La Jornada señaló haber tenido acceso a las recomendaciones del informe en el cual también se destaca que desde hace más de 20 años operan redes de prostitución infantil con nexos internacionales en diversas ciudades del país y vaticina unas sesiones divididas por las posturas manifestadas entre las y los ministros del máximo tribunal del país.
En tanto, la prensa poblana también ha dado una cobertura desde la semana anterior al tema, adelantando igualmente que la SCJN daría a conocer los resultados de esta investigación entre el martes y jueves de esta semana.
Informaron sobre la cancelación de un viaje que Marín tenía contemplado a Francia y Pekín para esta semana ante el cerco mediático que señala la inminente resolución de la Corte en este lapso.
Por lo pronto, en la página electrónica del Gobierno del estado aparece un comunicado de prensa con la postura «oficial en torno al caso» en donde señala:
«El Gobierno del Estado de Puebla fijará una postura oficial hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita el fallo definitivo sobre la investigación que sigue sobre las presuntas violaciones a las garantías individuales de la señora Lydia Cacho.
«Por el momento, ningún funcionario de la administración estatal realizará comentarios respecto de versiones periodísticas o sobre el curso de la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
Cabe recordar que el pasado 25 de mayo la procuradora poblana Blanca Alicia Villeda emitió una serie de «reflexiones» en los medios locales donde «presagiaba» que los resultados de la Corte le serían «adversos» y manifestaba su temor a ser privada de su libertad, pero al mismo tiempo afirmaba «no haber cometido ningún ilícito».
Por su parte, la prensa local ha reportado que diputados priistas del Congreso poblano «han cerrado filas» en torno al mandatario poblano Mario Marín, para que en caso de que el resolutivo de la Corte contemple un juicio político en su contra, encuentren todas las medidas para «defenderlo».
07/LGL/GG/CV
