Debo confesar que he comenzado varias veces a escribir sobre este tema, pero no ha sido fácil. Quedé paralizada, grité, mis hijos se alarmaron al oirme, y no lo podía creer.
Así quedamos todas las personas que estábamos frente a la televisión , ¡paralizadas! Inmediatamente y desde mi mente me solidaricé con la mamá y el papá de Gian Luca quienes seguramente deben estar pasando difíciles momentos.
Ahí estaba frente a mis ojos una muestra tangible del abuso de poder, de la impunidad y de la incapacidad de defenderse de un inocente pequeño de apenas nueve meses.
De reacciones, ni hablemos. Habría que reflexionar si lo que queremos es reproducir la violencia, si necesitamos aprender a resolver los conflictos con más violencia o si solicitamos que la ley haga justicia . En esto me quiero detener.
En 1998, presentamos ante la LVII Legislatura del Congreso local, la diputada María Elena Cano, del PRI y su servidora del PRD, la iniciativa de Ley de Atención a la Violencia Intrafamiliar y sabíamos que no iba a ser fácil su discusión y reflexión.
Consta en las actas del Congreso, los consensos y disensos que tuvimos para sacar adelante una ley en Guanajuato que protegiera a quienes son víctimas de violencia familiar, especialmente mujeres, menores y personas con discapacidad.
Y fue precisamente al llegar al asunto de las penalizaciones de dicha violencia donde no pudimos llegar a un acuerdo para que se considerara como delito grave, es decir aquel que no permite al acusado salir bajo fianza, entre otros.
Esta es una reflexión que debemos hacer. No es lo mismo justicia que ley. No siempre la ley es justa ni la justicia se encuentra en las leyes. Desde mi personal punto de vista, la juez, aplicó la ley, pero no hizo justicia. Y curiosamente lo que clama la opinión de la gente es ¡que se haga justicia!
Cuando la realidad se minimiza, cuando no se quiere ver tal como es sucede lo que ahora tenemos en Guanajuato. Diputados «preocupados» por cambiar las leyes cuando los partidos a los que pertenecen, en particular el PRI y el PAN (con sus excepciones en ambos) fueron quienes rechazaron considerarlo como delito grave.
Fueron responsables de haber podido hacer justicia en una ley tan importante como el Código Penal, donde casi por una concesión graciosa nos hicieron el favor de aceptar la violencia familiar como una causal de divorcio, pero «ya es mucho». Que se quede como delito no grave la violencia hacia los menores y las mujeres… y así quedó, qué lamentable.
Tienen razón quienes ahora razonarán más su voto, tengamos cuidado, diría yo, no todos los diputados ni diputadas, entienden la violencia como un delito, la ven únicamente como un problema social, incluso hasta como una exageración de quienes hemos hablado fuerte y quedito de este tema.
En fin, tengo la frente en alto, siempre hemos hablado de este tema y tengo la conciencia tranquila, porque alcé mi voz para que esta ley hiciera justicia, y no fue así.
Por último quiero manifestar mi preocupación por un asunto que no me ha dejado tranquila:¿nos hemos puesto a pensar como fue educada la nana? ¿habrá sido educada a golpes, y ella aprendió a educar así?
Araceli Salazar debe ser castigada, pero también debe ser sometida a un tratamiento reeducativo integral como lo marca la ley , misma que ignoran todavía algunas juezas y jueces.
La jueza Margarita Olvera, necesita resolver si esa es su vocación o formar una asociación con la licenciada Mayo, del caso Sandra, que también ignora cómo hacer justicia.
¿Donde están los presupuestos aprobados para la construcción de refugios que obliga la ley? ¿ Han sido capacitadas las personas que atienden a las mujeres en Centros de Atención de los DIF’s municipales?
Ojalá después del video que dio la vuelta al país, aunque por vergüenza, nos esforcemos por hacer de los problemas a los que se enfrentan las mujeres y menores, un asunto de primera importancia. O también es un asunto de cultura?
Ojalá el Procurador Miguel Valadéz ahora no espere a que el Congreso local se sume a sus propuestas. El ejecutivo tiene la facultad de decretar o enviar iniciativas al Congreso, ¿que esperamos?
2003/MM/MEL
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