Las mujeres mexicanas deben solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) la Alerta de género contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque sus derechos se están violando con la modificación a las constituciones de 13 entidades del país que criminalizan la interrupción legal del embarazo (ILE), el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia (PAE).
Así lo señaló la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), Martha Lucía Micher Camarena, durante una reunión realizada hoy en esta ciudad, titulada «Por el Derecho a Decidir de las Mujeres No al Retroceso en los Derechos Sexuales y Reproductivos», a la que asistieron legisladoras y legisladores, integrantes de la academia y de las organizaciones civiles a favor de los derechos sexuales y reproductivos.
Micher urgió a los próximos legisladores federales a incorporar en la Constitución federal las figuras jurídicas de Agravio comparado y la Alerta de género, ambas contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La ex legisladora federal, quien en 2005 propuso una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y adicionar un capítulo especial de salud sexual más allá de la planificación familiar y que contempla la ILE en los supuestos permitidos por la ley, misma que permanece congelada en la Cámara de Diputados, explicó que el Agravio comparado obedece a que, pese a vivir en el mismo país, las mexicanas no gozan de los mismos derechos.
Las y los participantes coincidieron en señalar que la «embestida» conservadora que busca echar atrás los logros obtenidos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la penalización de la ILE en 13 entidades federativas, tiene como fin modificar la Carta Magna de nuestro país para hacer nacional esta medida, bajo el argumento de «proteger la vida desde el momento de la concepción (sic)».
«Algo pueril» está detrás de estas modificaciones aprobadas por legisladores panistas y priistas, señaló por su parte la antropóloga y feminista Marta Lamas, y reiteró, como lo hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto de 2008 cuando declaró constitucional la ILE, que no se puede contraponer el derecho del embrión al derecho de decidir de las mujeres.
Víctor Hugo Círigo, diputado local perredista, quien impulsó conjuntamente con la diputada Leticia Quezada, del mismo partido al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las reformas al Código Penal y de la Ley de Salud del DF en abril de 2007 y que permiten a las mujeres ejercer su derecho a decidir sobre una maternidad voluntaria, dijo que esta estrategia conservadora es el «cobro de la factura» que el clero está realizando por dichas reformas.
El legislador del sol azteca, dijo que la derecha ha sufrido dos derrotas en el Distrito Federal, la primera la aprobación en noviembre de 2006, de la Ley de Sociedades de Convivencia y la segunda, la ILE, declarada constitucional por la SCJN en agosto de 2008, por lo que ahora busca a toda costa imponer su ideología moral a las mujeres del país.
México, agregó en su intervención el doctor Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vive actualmente un momento muy delicado, por el momento político-electoral y por el avance de los grupos conservadores en la mayor parte del territorio nacional.
Para el jurista, el objetivo es muy claro: promover reformas a la constitución federal en el mismo sentido, proteger la vida desde el momento de la concepción (sic), para lo que se necesita, dijo que 16 entidades federativas lo soliciten.
Daphne Cuevas Ortiz, de la ONG Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, hizo un llamado a las organizaciones civiles para denunciar que estas leyes aprobadas en los 13 estados de la República son violatorias de los derechos humanos de las mujeres y que atentan contra su salud.
La feminista consideró también importante buscar acercamientos con las comisiones estatales de derechos humanos ya que a la fecha, dijo, únicamente el Ombudsman de Baja California ha interpuesto una controversia constitucional.
09/LGL/GG
