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Mexicanas, orilladas a practicarse abortos inseguros

Por Anaiz Zamora Márquez
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Las mexicanas no pueden acceder a un aborto seguro aun bajo las causales y condiciones legales que lo permiten, debido al desconocimiento del personal médico al respecto y porque visiones culturales y morales todavía permean sus prácticas, ante la omisión oficial que no garantiza a las mujeres su derecho a la salud.
 
En México, las leyes y los compromisos internacionales en salud sexual y reproductiva (que incluyen el acceso al aborto seguro) no se cumplen, lo que obliga a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros para interrumpir un embarazo.
 
María Eugenia Romero Contreras, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, sostuvo que a nivel nacional hay un desconocimiento y poca aplicación de las causales de aborto por parte del personal sanitario, el cual está obligado a brindar este servicio a las usuarias que lo soliciten.
 
Durante el seminario internacional “El derecho a decidir de las mujeres en contextos restrictivos: perspectivas y retos”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Romero denunció que además de negarse a despenalizar el aborto, el Estado mexicano y las autoridades locales no garantizan otros servicios de salud a las mujeres, tales como la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos.
 
Sumado a ello –agregó– en años recientes los congresos locales reformaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, y generaron mayor confusión entre las y los prestadores de servicios médicos.
 
“Aunque sepa de las causales, (el personal médico) piensa que eso (el aborto) ya no es legal y que están cometiendo un delito”, puntualizó la activista.
 
Romero Contreras criticó que a partir de esas reformas se agudizó la criminalización de las mexicanas que deciden o se ven obligadas a interrumpir su embarazo. “Ahora las condenan a prisión no sólo por el delito de aborto, sino por homicidio, lo que agrava las penas entre 30 y 40 años más”, acusó.
 
En el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la directora de Equidad de Género urgió en la necesidad de que las leyes se apliquen y se amplíen las causales de aborto legal, ya que “no son suficientes; las mujeres deciden interrumpir por muchas más razones que las consideradas (en las leyes)”.
 
También reiteró que además de la despenalización existen otras medidas y acciones necesarias y urgentes que se pueden emprender y aprobar, como la educación sexual integral y garantizar servicios de salud adecuados que cubran todas las necesidades femeninas, como una alternativa para disminuir la incidencia de embarazos no planeados o no deseados.
 
Romero recordó que hace 20 años (en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo) México se comprometió a brindar antes de 2015 el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo planificación familiar y salud sexual. 
 
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