El Estado mexicano incumple las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionadas con el caso de las Hermanas González Pérez, indígenas tzeltales, chiapanecas, violadas por militares.
Así fue constatado por la CIDH en una reunión de trabajo que se celebró el pasado 21 de marzo, en Washington DC, señala un comunicado del Grupo de Mujeres de San Cristóbal las Casas AC, el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC.
Los hechos del caso ocurrieron el 4 de junio de 1994, en el poblado de Altamirano, municipio de Chiapas, cuando tres hermanas indígenas tzeltales, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por miembros de las fuerzas militares mexicanas, torturadas y violadas por los soldados. Antes de su liberación les amenazaron de muerte para evitar la denuncia de los hechos.
En el año 2000, la CIDH recomendó al Estado de México trasladar la investigación de los hechos del fuero militar a la jurisdicción penal ordinaria para garantizar imparcialidad e independencia, y reparar el daño causado a las indígenas chiapanecas por la violación a sus derechos humanos.
En la reunión de trabajo, el Estado mexicano se comprometió a realizar las últimas acciones ante la justicia militar para que la investigación sea traslada a la justicia ordinaria. En cuanto a la reparación del daño, el Estado insistió en condicionarla a los resultados de la investigación.
Esta posición estatal, señala el comunicado, es violatoria de los estándares internacionales establecidos por los órganos del Sistema Interamericano, ya que desconoce el deber de reparación que le asiste de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuestiona las conclusiones que fueron dadas por la Comisión Interamericana y que señalan la responsabilidad estatal por los hechos.
En la reunión estuvieron presentes representantes del Estado mexicano a través del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de Justicia Militar, la Secretaría de Gobernación, Cuerpo del Servicio Exterior Mexicano, la Secretaria de Relaciones Exteriores por conducto de la Dirección de Derechos Humanos y Democracia y la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
El Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones representantes de las víctimas manifestaron su preocupación porque transcurridos 8 años desde que la CIDH emitió su decisión en este caso, el Estado mexicano no cumple, y como en otros casos, niega a las víctimas su derecho a obtener justicia y reparación.
El Estado mexicano, finaliza el comunicado, debe asumir los compromisos adquiridos y demostrar voluntad y seriedad política, a través del cumplimiento cabal de sus obligaciones internacionales en este caso y en otros que involucran al Ejército y que continúan ante la justicia militar.
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