En México, a pesar de los avances registrados, aún no tenemos políticas públicas que acompañen el fortalecimiento de los derechos de las y los niños, reconoció Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Al inaugurar el Congreso Internacional de Derecho de Familia, subrayó que en todo el país se tiene un pendiente relacionado con la infancia en situación de calle, ante la cual hay «indiferencia por parte de las entidades públicas que deben prestar atención a este lacerante problema social».
En el auditorio Héctor Fix-Zamudio del IIJ, destacó que el nuestro es un país estructurado como un sistema federal, por lo que sería posible que en el ámbito de las entidades federativas se desarrollaran políticas públicas preocupadas por las carencias de la infancia. Sin embargo, dijo, «esto no ocurre así».
El jurista recordó que en México, aunque tenemos vínculos que nos obligan a aplicar disposiciones en materia de defensa de los derechos de la infancia adoptadas en el mundo, no hay lineamientos que acompañen su fortalecimiento.
Se están diluyendo las fronteras entre derecho privado y público, pero no en el sentido en que a veces se quiere interpretar: que todo es privado. El debate sobre esta situación ha tenido lugar en el país relacionado también con otros aspectos de la vida institucional, y hay quienes se decantan por la prevalencia de lo particular, aseveró.
En este caso se trata de un proceso inverso, porque el interés que representa para una sociedad la tutela de la infancia y abordar todos los problemas relacionados con la familia es de naturaleza pública.
Por su parte, Rosa María Álvarez de Lara, coordinadora del Congreso, dijo que a inicios del presente siglo el derecho de familia traspasó las fronteras del ámbito privado al público por la ineficiencia de las relaciones al interior de ese núcleo, las cuales, en lugar de alentar la participación democrática e igualitaria de sus miembros, han generado modos y prácticas autoritarias y discriminatorias.
Dijo que filiación, parentesco, paternidad, maternidad, patria potestad, alimentos, y las instituciones protectoras de los menores de edad: la tutela, acogimiento, guarda de hecho y adopción, son temas presentes en los ángulos de prevención y tutela del Estado en torno a las relaciones y las formas de protección de vida de los miembros de la familia que lo requieren.
Por desgracia, advirtió, las estadísticas confirman los fenómenos negativos de la violencia familiar o de género, y de maltrato doméstico e infantil. «A pesar de los avances en este tema, parecería que la condición humana no siempre lo permite, sino que los mantiene como una costumbre irregular y reiterada».
A su vez, Julián Güitrón Fuentevilla, profesor de la Facultad de Derecho (FD), se refirió al orden público en el derecho familiar. Explicó que éste tiene una función normativa estricta que restringe la libertad individual, considerando la importancia y las funciones sociales de cada institución que regula.
Además, tiene un sentido de equidad, que rebasa los intereses particulares, privados e individuales, porque en realidad este régimen representa el núcleo íntegro de la sociedad vinculado con el futuro para lograr un ideal de justicia.
05/GV/YT
