México es uno de los países con más casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), al destacar el papel protagónico de la CIDH en la defensa y protección de los derechos humanos en el continente.
La trascendencia de la reciente visita a México del presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, ocurrida del 6 al 11 de agosto pasado, radica no sólo en el escrutinio internacional de la situación de los derechos humanos en México, sino también por la revisión en el campo de lo que sucede en materia de derechos humanos en nuestro país, aseveró el Álvarez Icaza, de acuerdo con un boletín de la CDHDF.
Álvarez Icaza Longoria afirmó que el caso Oaxaca, por su contexto, fue el más relevante durante su estancia en México. Los llamados de la CIDH, dijo, con su autoridad moral y sus compromisos con el Estado Mexicano, en este momento se vuelven muy importantes.
Su opinión, en su calidad de Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad, es prioritaria por la visita que realizó a un reclusorio del DF. «La situación en los centros de reclusión capitalinos es un tema en el que hemos venido insistiendo ante la CIDH y afortunadamente se pudo incluir en su agenda. De manera que se abre una perspectiva muy importante en la lógica de reformar el trabajo que realiza la Comisión», apuntó.
Respecto a las opiniones adversas que generaron a nivel federal las visitas de Florentín Meléndez e Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, consideró que el tema de los derechos humanos en nuestro país sigue siendo una preocupación de la comunidad internacional. «Afortunadamente hoy México es sujeto de esos escrutinios y por eso ambas visitas tienen que ver con Oaxaca», subrayó.
El Ombudsman capitalino enfatizó que los análisis de estos organismos son certeros y críticos por los elementos de sus argumentos. Lo que toca ahora al Estado Mexicano, advirtió, es atender esos señalamientos.
«Si bien hemos avanzado en términos generales en una agenda de derechos humanos, también se ponen de manifiesto algunos pendientes. Sería deseable que los gobiernos federal y estatales la asumieran como prioridad», señaló.
ORGANISMOS PÚBLICOS Y RECOMENDACIONES
El Presidente de la CDHDF aseguró que el Organismo a su cargo insistirá en pedir audiencia ante la CIDH referente a los temas de sistema penitenciario y seguridad pública.
«Hemos iniciado un proceso, acordado por el Consejo, para ser actores del sistema interamericano. Deben ser los Organismos Públicos de Derechos Humanos de los países miembros los primeros en darle seguimiento a las recomendaciones de los órganos internacionales. Lo cual obedece a una visión estratégica de la CDHDF de incorporar los estándares internacionales en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», remarcó.
LA VISITA
La visita de Florentín Meléndez a México incluyó diversas actividades, relata el boletín de la CDHDF.
Al impartir la Conferencia Magistral «El Sistema Interamericano y las Personas Privadas de Libertad» en la sede de la CDHDF, Meléndez, denunció que los centros de reclusión de América Latina enfrentan altos niveles de sobrepoblación, hacinamiento, tortura, violencia, abandono en la seguridad interna, corrupción, ausencia de servicios básicos y falta de capacidad del personal penitenciario.
Alertó sobre la ausencia de programas de rehabilitación en muchos países latinoamericanos, lo que es inaceptable ante el avance democrático en la zona y criticó la inoperancia de los sistemas judiciales de los países por la aplicación abusiva, innecesaria y desproporcionada de la prisión preventiva, y la no aplicación de las medidas cautelares a la encarcelación.
En su segundo día en el Distrito Federal, el también Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad realizó una visita al Reclusorio Oriente, el más poblado del continente, donde constató las condiciones en que permanecen los más de 10 mil 400 presos.
Ahí protestó, junto con el Presidente de la CDHDF, y dictaron medidas cautelares a los responsables de la Dirección General de Previsión y Readaptación Social y de la Dirección del penal, quienes convinieron en acatar y realizar acciones urgentes para resolver el hacinamiento de hasta 65 personas en la misma celda, la posibilidad de que los internos transiten por los pasillos y su exposición mínimo de dos horas a la luz del sol, solucionar el problema de la falta de agua que genera insalubridad y resolver la situación de seis menores de edad para que fueran reubicados al centro correspondiente.
Meléndez expresó que cárceles como esa no deben existir, porque la sobrepoblación las hace inmanejables y carecen de condiciones mínimas de humanidad y salubridad, como lo constató al conversar con decenas de internos que tenían las piernas hinchadas y la piel infectada y supurosa, y quienes aseguraron dormir parados, amarrados a las rejas, y consumir agua de dudosa procedencia y calidad.
El Relator Especial recomendó a las autoridades penitenciarias y de salud redoblar esfuerzos con la academia, la iniciativa privada y el propio sector público para alcanzar los mínimos niveles de humanidad y salubridad para las personas privadas de libertad, como es el caso de un anciano de 82 años, acusado de robar cien pesos y sentenciado a 5 años de prisión.
MILITARES
Posteriormente, ante Felipe Calderón, Florentín Meléndez manifestó su preocupación por la impunidad que persiste en temas como la tortura, el feminicidio en Ciudad Juárez, los crímenes contra periodistas y las desapariciones forzadas, así como la marginalidad de la población indígena de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
En la residencia oficial de Los Pinos, expresó su inquietud porque la normatividad internacional de derechos humanos no tenga rango constitucional y porque las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por militares sean investigadas por tribunales castrenses.
Advirtió que regresará a comprobar que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, cumpla con su compromiso de investigar con celeridad las presuntas violaciones a derechos humanos.
Reprobó también la descalificación que Ulises Ruiz hizo sobre las conclusiones de Amnistía Internacional en ese estado. Reiteró que la CIDH se pronuncia por el regreso de los niños a clases, así como en contra del exceso policial durante los desalojos, de las muertes y las detenciones arbitrarias en el caso de Oaxaca.
Dijo que la situación de Oaxaca obedece a circunstancias y hechos de carácter estructural que han afectado derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas, que se manifiestan, especialmente, en la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial, por lo que solicitó información al gobernador y dictó medidas cautelares para proteger a personas en grave riesgo, entre ellos, líderes sociales e indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Manifestó también su profunda preocupación por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Gilberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), de otras tantas personas muertas, torturadas o heridas de gravedad, como es el caso de Emeterio Marino Cruz, quien está grave de salud a consecuencia de la golpiza que presuntamente le propinaron agentes de policía luego de su captura en julio de 2007, y a quien visitó en el Hospital de Especialidades de Oaxaca.
Florentín Meléndez urgió a garantizar la reparación integral a las víctimas. «El accionar de las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones públicas no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo», dijo al explicar que el derecho de reunión y la libertad de expresión materializan la participación ciudadana y la fiscalización del accionar del Estado en cuestiones públicas.
La CIDH presentará un Informe sobre sus observaciones de las dos visitas que realizó a México en 2007, que incluirá conclusiones y recomendaciones, a las que dará seguimiento en sus próximas visitas, a fin de verificar su fiel y total cumplimiento.
Reiteró su colaboración con las autoridades y con la sociedad civil para contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en México.
07/GG/CV
