Las migrantes centroamericanas durante el tránsito de sus países hacia México rumbo a Estados Unidos viven distintos tipos de violencia, que no terminan cuando regresan a sus lugares de origen, pues al volver son estigmatizadas por haber salido de sus pueblos, consideradas «fáciles, sin valor», por los hombres de sus comunidades.
Esta situación se agudiza cuando las mujeres migrantes, provenientes principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, pues regresan sin dinero a sus casas, «fracasadas»; caso contrario al de los varones que al volver «se dignifican».
Cabe mencionar, que las migrantes centroamericanas indígenas son todavía más vulnerables, hasta cuatro veces por su condición de género, migrante, sin documentos y su origen étnico.
El tema se abordó durante los trabajos del Segundo Seminario-Taller Binacional Género e Identidades Interculturales, que se llevó a cabo en Comitán, Chiapas, la semana pasada, donde estuvo presente Rubí Escamilla, integrante del equipo de Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Rubí forma parte del proyecto de OIM en Tapachula, Chiapas, donde brindan atención interinstitucional a las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, así como a las que vivieron violencia sexual durante el tránsito de sus lugares de origen hacia México rumbo Estados Unidos.
Durante el encuentro, convocado por la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), que se llevó a cabo la semana pasada, Rubí Escamilla explicó que de seis a ocho de cada diez mujeres centroamericanas –30 a 40 por ciento de los mil a mil 500 migrantes que cruzan la frontera sur de México diariamente, dijo– sufren algún tipo de violencia sexual.
Además del riesgo que padece la población migrante en general, como son robos, agresiones físicas, extorsiones y secuestro por parte de grupos delincuenciales o elementos de la policía estatal, federal y del Ejército mexicano, de acuerdo con las organizaciones presentes en el encuentro, entre las que se encontraba el Foro de Desarrollo Sustentable y la Comisión de la Mujer de Huehuetenango, en Guatemala.
SITUACIÓN ECONÓMICA E INSEGURIDAD
Con base en su experiencia en la frontera sur del país y el diagnóstico que han realizado en los últimos 2 años y medio en la zona, Rubí Escamilla informó que las migrantes salen por la situación económica y la inseguridad. En Guatemala, por ejemplo, dijo, a diario muere un chofer de autobús, además del problema de los grupos de delincuencia organizada, denominados «Maras».
La mayoría en el tránsito trabaja como trabajadora del hogar o en restaurantes y bares, donde es víctima de violación a sus derechos humanos y laborales, sobre todo cuando caen en redes de trata de personas, que las explotan de manera sexual o laboral, aseveró.
De acuerdo con Rubí Escamilla, de la OIM, las agresiones sexuales contra las migrantes son mayores y más evidentes. Sin embargo, se dan casos de hombres que son agredidos sexualmente, pero es más difícil que lo digan y denuncien.
Contrario al caso de las mujeres que, si no lo dicen ellas, sus acompañantes lo comentan.
Lo más preocupante, refirió, es que antes de que salgan de sus lugares de destino, «toman pastillas anticonceptivas, porque saben lo que les puede pasar, reconocen que es el precio que deben pagar».
ESTIGMATIZACIÓN Y RECHAZO
Durante los trabajos del seminario distintas organizaciones como Enlace Comitán, OIM, la Comisión de la Mujer, de Guatemala, y Formación y Capacitación, de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, coincidieron en que no obstante la violencia que viven las migrantes en el tránsito hacia sus lugares de destino, al volver a sus lugares de origen sufren rechazo y son estigmatizadas como «fáciles y sin valor». Por el contrario, los migrantes «se dignifican».
Sobre todo las que son víctimas de trata, que vuelven sin dinero, y los hombres de las comunidades consideran que si otros les faltaron el respeto cuando salieron de sus pueblos, ellos también lo pueden hacer, comentaron.
En países como el nuestro la migrante centroamericana también es estigmatizada de este modo. En el caso de las hondureñas, relató Rubí Escamilla durante su estancia en México, no se les emplea en el trabajo del hogar, como ocurre con el resto de las centroamericanas, porque son estigmatizadas como «roba maridos».
Esta situación las orilla a emplearse como meseras en los bares para poder juntar dinero y seguir su camino rumbo a la unión americana. En Tapachula alrededor del 90 por ciento de las migrantes hondureñas laboran en bares como trabajadoras sexuales, lo que las hace vulnerables de la trata de personas con fines de explotación sexual.
En este sentido, Luís Flores, Oficial de Proyectos, de la OIM en Tapachula, mencionó que Además el Oficial de Proyectos de la OIM en Tapachula informó que durante los 2 años y medio que llevan laborando en la frontera sur de México, han podido detectar al menos 150 casos de trata con fines de explotación sexual y laboral, de los cuales 90 han sido identificados y entre 40 y 50 han sido asistidos, pues en ocasiones las víctimas se niegan a recibir apoyo.
Este problema, refirió no es un delito que deban perseguir las Organizaciones de la Sociedad Civil, sino las autoridades.
LA FEVIMTRA, INEFICAZ
A pesar de que en 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 448 quejas a través de su programa de Atención a Migrantes, de las que 331 eran denuncias por violaciones a sus derechos humanos, cometidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), 58 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y 40 por la Procuraduría General de la República (PGR), incluida la Agencia Federal de Investigaciones.
Así como 28 denuncias hechas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública locales y 13 corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional. Cabe mencionar que Chiapas es la entidad más mencionada.
Las denuncias no han prosperado, pese a existir una Ley sobre Trata en el país y una Fiscalía Especial en la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar, perseguir y consignar a los responsables de la trata de personas, siempre y cuando no estén relacionados con el crimen organizado.
Al parecer una de las causas es que, a un año de la transformación en Fevimtra para atender la trata de personas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres –creada originalmente a propuesta del Senado para investigar la violencia contra las mujeres– esta instancia aún no tiene un reglamento, ni recursos económicos que le permitan operar.
08/GCJ/VRI/CV
