Además de las agresiones físicas y sexuales que enfrentan las migrantes en su paso por México rumbo a Estados Unidos, el Estado ejerce otro tipo de violencia contra las extranjeras que deciden residir en el país, al privarlas de servicios de salud, condiciones de trabajo dignas, y de mecanismos claros para su regulación migratoria.
Lo anterior lo informó Melissa Vértiz, coordinadora del área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, quien añadió que existe una «invisibilización» tanto de las mujeres que llegan a México para quedarse de manera temporal o permanente, como de las «desventajas» que enfrentan en el país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), en el país residen 262 mil 672 personas extranjeras; el 50 por ciento de esa población es del sexo femenino, según el Instituto para las Mujeres en la Migración.
Estas mujeres son originarias en su mayoría de municipios de Guatemala fronterizos con México; algunas de ellas son llamadas «golondrinas» porque diario «vienen a trabajar y se regresan a su país cuando termina su jornada».
Las migrantes que se establecen en nuestro país no son atendidas por los servicios públicos de salud, ya que «además de que son discriminadas, deben pagar la consulta y no les dan los medicamentos, por eso muchas prefieren pagar un servicio privado de bajo costo», explicó Vértiz.
Abundó que ellas tampoco tienen acceso a programas sociales como Oportunidades porque carecen de documentación de su estancia legal.
Al no regularizar su situación migratoria, estas mujeres no obtienen empleos en condiciones dignas, lamentó la activista. Precisó que actualmente la mayoría de las migrantes se ocupa en el trabajo del hogar o en el campo, donde se violentan sus Derechos Humanos (DH) y laborales.
El panorama de las migrantes en México no ha mejorado «al menos en la última década, debido a la falta de acciones efectivas y de voluntad real por parte del Estado», señaló la integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
En 1999 diversas organizaciones mexicanas defensoras de los DH y de apoyo a las personas migrantes documentaron esa situación en el libro «Migración: México entre sus dos fronteras», en el que señalan múltiples transgresiones a las garantías de las centroamericanas que hasta ahora se mantienen.
En la investigación se denunciaba que la mitad de las migrantes empleadas del hogar que fueron entrevistadas –en su mayoría originarias de Guatemala y trabajadoras desde los 14 años de edad–, había sufrido maltrato por parte de sus empleadores. También tenían una sobrecarga de trabajo, recibían bajos salarios y poca comida.
A las «pésimas condiciones laborales» se suma el rechazo social, ya que en la frontera sur del país ser «mujer, indígena, guatemalteca, indocumentada, analfabeta y trabajadora del servicio doméstico, son elementos que constituyen una identidad de discriminación», se expuso en el libro.
Las trabajadoras del campo o agrícolas tenían denuncias semejantes. Las organizaciones señalan que estas mujeres y sus familias conforman el «flujo migratorio tradicional en la frontera sur» que desde Guatemala migra cada año a México para trabajar en el cultivo de café y diversos frutos en 20 municipios de Chiapas.
Las jornaleras llegan de forma indocumentada o irregular, la mayoría tiene menos de 30 años de edad y la mitad son mujeres sin pareja (solteras, viudas o separadas). Su promedio de escolaridad es tercero de primaria, aunque el 50 por ciento declaró que no sabía leer ni escribir.
Ellas son contratadas para sembrar, pero sus tareas se multiplican y tienen que hacer la limpieza del lugar, abono, corte, selección del café o de los frutos, e incluso cocinar para los trabajadores, todas las actividades por el mismo sueldo, el cual es menor al que reciben los hombres.
Su jornada comienza a las 3 o 6 de la mañana y puede culminar a las 4 de la tarde o a las 11 de la noche. Las demandas constantes son el incumplimiento de sus contratos, la retención de sus pagos y de sus documentos.
Según la investigación, apenas una tercera parte de las migrantes recibió ayuda por parte de sus empleadores cuando se enfermó y consistió en darles un medicamento sin la prescripción de un doctor.
A decir de Melissa Vértiz las necesidades de las migrantes en México «son muy semejantes» a las que existían hace más de una década, ello nos habla del «olvido» en que las han dejado las autoridades mexicanas.
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