Este lunes pasado la revista Proceso Sur publicó un artículo en el cual expone un caso que ha resonado durante dos años y medio en el estado. En él se acusa al presidente municipal de Solidaridad de haber violado a su secretaria particular. Ante esa acusación respaldada por una averiguación previa con número 529/2000, Miguel Ramón Martín Azueta, responde a la reportera del diario La Crónica que «éste es un asunto político».
Con esa pomposa y única afirmación el alcalde pretende desviar la atención de la ciudadanía para insinuar que se le acusa porque son tiempos electorales, y con su declaración no hace más que reiterar la importancia que esa denuncia tiene.
Efectivamente ese es un asunto político, porque Martín Azueta es político; porque si la violación sexual es un delito penado por la ley mexicana, cometido éste por cualquier hombre, bajo cualquier circunstancia: entiéndase bajo influjos de alcohol, drogas o furor sexual, el delito tiene mayores consecuencias cuando fue perpetrado por un hombre de poder en la administración pública, por un presidente municipal del segundo municipio más importante del estado de Quintana Roo, aquél que por ley debiera ser el guardián del bienestar social y del cumplimiento de la ley e impartición de justicia.
Entonces, se ha convertido en un asunto político que no tiene ya manera de paralizar, que si logró detenerlo hace más de dos años, cuando quisimos darle seguimiento y no solamente la víctima, su esposo y sus amistades cercanas recibieron amenazas de muerte y daños, sino también la que esto escribe, los tiempos son otros.
Ahora Mario Villanueva, a quien se compara con Miguel Ramón por su característica forma de gobernar utilizando la violencia, la extorsión, las amenazas y las redes de corrupción más fuertes del estado, está en prisión.
Ahora lo que solicitarán los diversos grupos de derechos humanos, apoyados por la Secodam, y las más de 10 ONG involucradas en la defensa de esta mujer valiente que ha resguardado la vida de sus hijas a toda costa, será un juicio político implacable. Además de las pruebas de la violación sexual, los diversos grupos cuentan con información de actos extremos de corrupción, de amenazas de muerte, de abuso de poder, de violencia.
Hace falta recordar que hace dos años y medio cuando la secretaria particular del alcalde denunció la violación ante el Ministerio Público, al hablar ella con varios de los funcionarios públicos más importantes del gobierno estatal pidiéndoles ayuda a los hombres cercanos al gobernador, éstos se la negaron aduciendo que haría daño, entre otras cosas, al partido en el poder.
Ahora, como ya dijimos, son otros tiempos; ahora el efecto que este caso y las cientos de personas que se están sumando a él será decisivo para el partido en el poder, para la misoginia imperante en los sistemas de impartición de justicia para aquéllos que desde el poder siguen pensando que una violación sexual es un delito menor, y que una mujer que trabaja con un político debe soportar todo tipo de abusos:
Desde el acoso sexual tácito hasta la violación, seguida por las amenazas de muerte, las presiones a través de miembros de la familia que temen perder su seguridad física y material, y el alejamiento paulatino de las amistades que temen a su vez sentirse cercanas a una enemiga de un gobernante capaz de cualquier cosa.
Esto es lo que define un estado de impunidad absoluta, de ausencia de la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, según Eduarda Sánchez, presidenta de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos del Municipio de Solidaridad. Ese ha sido hasta ahora el panorama. La investigación seguirá su curso ya documentada en al Federación, la víctima finalmente con protección de instancias federales estará tranquila.
Ya no será más un simple chisme político de pueblo en pueblo, ni una frustración de la impunidad política nacional, sino un caso que será seguido jurídicamente hasta sus últimas consecuencias.
Mientras tanto, no sobra reiterar en este medio que cualquier cosa que suceda a la víctima, a sus familiares o a la que esto escribe, será responsabilidad del alcalde del municipio de Solidaridad: Miguel Ramón Martín Azueta.
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