Inicio Mil 245 capitalinas son violadas cada año en el DF

Mil 245 capitalinas son violadas cada año en el DF

Por Román González

Las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo en caso de violación, por lo que el personal médico, jurídico y psicológico, debe facilitar a las víctimas la denuncia del ilícito y dejar de lado juicios personales, aseguró la responsable de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Bárbara Yllán.

Cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), revelan que del 1 de diciembre de 1994 a diciembre de 2003, el número de violaciones ascendió a 12 mil 459, es decir, mil 245 por año.

Entrevistada por esta agencia de noticias, la subprocuradora dijo que el número de denuncias por violación de enero a mayo de este año es de 515, cifra que se mantiene estable pero cuyo reto es disminuirla . “Sabemos que la Fiscalía de Delitos Sexuales, tiene un promedio de tres a cuatro denuncias por día, relacionadas con violación”.

Estimó que anualmente, entre 15 y 20 mujeres recurren a su derecho de interrumpir su embarazo por violación.

La subprocuraduría, dependiente de la PGJDF, tiene una estrecha vinculación con la Fiscalía y los servicios de atención víctimas, pues la primera es quien debe canalizarlos para una adecuada atención, agregó la funcionaria.

Dijo que la subprocuraduría, a través del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), no sólo atiende a las personas que denuncian, sino que puede acceder a ella cualquier persona que requiera atención psicológica. Obviamente, esto limita un poco el servicio porque una persona que no denuncia no cuenta con servicio jurídico.

Yllán mencionó que: “Cuando la víctima por agresión sexual sufre un embarazo no deseado, el Ministerio Público -de acuerdo a las últimas modificaciones legales-, es quien debe aprobar la interrupción del embarazo para que las mujeres hagan uso de su derecho al aborto legal.

La subprocuradora definió que el prototipo del agresor se ha diversificado en la medida en que la violencia social ha crecido, pero siguen siendo los familiares, amigos y conocidos de la víctima, es decir, “con quien más vínculo tenemos, con quien más confianza hay, los responsables de un mayor número de violaciones, sobre todo en el caso de menores de edad”.

Los acontecimientos que tienen lugar en el país como los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua –donde según Amnistía Internacional (AI), suman alrededor de 400 los crímenes contra mujeres-, dan pie a otro tipo de conductas delictivas.

Afirmó que en el hogar como fuera de él, se repite un mismo patrón de conducta en el varón quien se considera con derecho a ejercer el poder, el control y el dominio.

La funcionaria reconoció la dificultad que reviste el atender a una víctima agredida por un familiar, en comparación con la víctima de violación fuera del hogar, ya que en este último caso, toda la familia se une para condenar el hecho, pero cuando la agresión sexual es dentro de la familia, inmediatamente surge una división.

En este último caso, están los que creen en la víctima y los que no, “la familia se fractura de manera importante”.

Por otra parte, Bárbara Yllán.fue cuestionada sobre el desvió de 30 millones de pesos del erario público a la organización ultraconservadora Provida, por parte del entonces presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la Cámara baja, Luis Pazos, destinados para programas de atención del VIH/Sida que fueron utilizados para la construcción de 10 clínicas que tienen como propósito impedir a las mujeres su derecho legal al aborto.

Comentó que cuando se privilegia a una institución que tiene una postura muy clara, que es sesgada y parcial, “se le quita a las mujeres la posibilidad de que sean ellas quienes decidan la interrupción de su embarazo cuando así la ley lo permite, no sólo en casos de vida.

2004/RG/GV/SM

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