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Miles de mujeres recurren al aborto clandestino cada día

Por la Redacción

En 1990, mujeres de América Latina y El Caribe, decidieron instituir el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en esta región. La decisión se tomó porque en esta parte del mundo miles de mujeres recurren diariamente a los abortos clandestinos, por lo que algunas de ellas mueren, y otras padecen secuelas de por vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor de 4.2 millones de mujeres de América Latina y el Caribe, se someten a abortos y la mayoría lo hace en condiciones de riesgo.

Este dato demuestra que se trata de un problema de salud pública y por lo tanto debe ser abordado por los gobiernos, a través de políticas que lo atiendan.

Pero lejos de prevenir o evitar el aborto, las leyes restrictivas perjudican a las mujeres más pobres, que por falta de dinero, de instrucción o de información, recurren a prácticas inseguras e insalubres, informó un comunicado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En consecuencia, la prohibición del aborto es un atentado contra los derechos humanos (derecho a elegir, derecho a la salud, derecho a la ciudadanía) y una agresión a los principios de justicia social.

Ante ciertas reservas por parte de los gobiernos para cumplir con estos derechos, los compromisos internacionales cobran relevancia.

En este sentido, México suscribió el Programa de Acción de El Cairo, emanado de La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), en la que se definió por primera vez el concepto de derechos reproductivos como parte de los derechos humanos.

Igualmente, participó del contenido de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), donde las delegaciones participantes reafirmaron los derechos de las mujeres como derechos humanos, los gobiernos de cada país refrendaron su compromiso con los derechos reproductivos y se introdujo la noción de “salud sexual”, que, al tiempo que reconocía que la reproducción no es el único fin de la sexualidad humana, ponía a ésta en íntima relación con la salud.

En ambas conferencias se reconoció que el aborto inseguro es un problema de salud pública, y todos los gobiernos, incluido México, se comprometieron a “ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas (…y) reducir ese recurso mediante la presentación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia”.

Al respecto, en el 2003, organismos de la ONU y de la OEA hicieron importantes señalamientos a México, entre los que destacan los del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que recomendó:

revisar la legislación que penaliza el aborto y evaluar la posibilidad de autorizar el uso del abortivo RU486.

Así como capacitar al personal de salud sobre los derechos humanos de la mujer, garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual e información necesaria para los adolescentes.

2004/LR

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