Refugiadas y refugiados, indocumentadas e indocumentados y grupos de apoyo marcharon este fin de semana en las principales ciudades de Canadá en demanda de políticas gubernamentales que promuevan la regularización de casi medio millón de personas que forman parte de la dinámica laboral y social canadiense pero que no tienen acceso a servicios debido a su situación migratoria.
En las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver se realizaron sendas manifestaciones para pedir un alto a las deportaciones que realiza el gobierno de Canadá contra las y los trabajadores extranjeros sin estatus migratorio legal. También y en los casos en que individuos o familias solicitan asilo, les es negado y son enviados de vuelta a sus países de origen sin posibilidades de apelar el fallo del Immigration Refugee Board o Comité de Refugio.
En 2006, el Distrito Escolar de Toronto se vio envuelto en un desafortunado e inédito caso de deportación, luego que los oficiales acudieron a un centro educativo y utilizaron a un alumno como señuelo y con ello consiguieron la deportación de todos los integrantes de la familia, quienes fueron enviados a Costa Rica.
Así también, durante la marcha del pasado fin de semana se pidió por la revisión de los casos de Wendy Maxwell, de Costa Rica, arrestada y deportada durante las actividades en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer en 2006, además del caso del palestino Ahmad Nafaa, quien fue arrestado, encarcelado y deportado de Canadá, luego de que se le negó su solicitud de refugio y quien actualmente se encuentra en un campo de refugiados, desde 2005.
Según las leyes canadienses, las personas indocumentadas sólo pueden ser arrestadas si el oficial de inmigración sabe su nombre y tiene una razón justificada para creer que la persona no cuenta con estatus migratorio legal y si tienen razones justificadas para creer que representa un peligro público o que es improbable que se presente para audiencias, citas de inmigración o para una deportación.
No obstante, la vida de quienes buscan mejores condiciones de vida digna en Canadá y que de una u otra forma contribuyen al dinamismo económico, está limitada en cuanto al acceso a servicios públicos como educación, salud, recreación, entre otros derechos sociales, debido al creciente temor de enfrentar una deportación a sus países de origen. Incluso, cuando son víctimas de delitos, prefieren no presentar denuncia ante el temor de tener que salir de Canadá.
En lo que se refiere a las mujeres, el problema se agudiza, pues a la precariedad de sus condiciones laborales se suma el hostigamiento de género que muchas veces permanece en silencio.
La campaña No one is illegal (nadie es ilegal), principal convocante a las manifestaciones, ha logrado recientemente que se implemente en Ontario -en donde se encuentra alrededor del 20 por ciento de las personas sin status-, una práctica entre los diversos niveles de la seguridad pública, principalmente policías, la política Don?t ask, don?t tell (no pregunte, no divulgue), que evitará que la condición migratoria sea tema de interrogatorio hacia las personas.
07/AL/GG/CV
