La Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, demandó al Gobierno estatal que ejerza como mediador entre dicha organización y la minera canadiense Minefinders Corporation, pues enfrentan un conflicto, iniciado hace 9 años, debido a que la empresa se expande sobre tierras de los ejidatarios de la región.
Que el Gobierno cumpla con su papel regulador entre la minera Minefinders, y la comunidad indígena campesina de Huizopa, para que la empresa cumpla con los acuerdos de medición de territorio y se confirme si ocupan tierras que no les corresponden, como denuncian los lugareños, demandó en un comunicado la organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).
Hace casi una década, la minera canadiense, a través de su subsidiaria, la Compañía Minera Dolores SA de CV, llegó a los territorios ejidales de Huizopa, amparados con concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía del Gobierno federal, sin que los campesinos fueran tomados en cuenta.
A través «del engaño y la manipulación» Minefinders se fue apropiando de cientos de hectáreas de tierras ejidales, señala el comunicado.
En 2006, firmaron un contrato por mil 200 hectáreas que resultó inequitativo, ya que establece sólo obligaciones para los ejidatarios y derechos exclusivamente para la empresa, denuncia Prodesc.
Por cientos de hectáreas Minefinders se comprometió a entregar 39 millones de pesos como única exhibición económica durante los 16 años de su explotación minera, mientras que las ganancias estimadas por la empresa ascienden a más de 3 mil millones de dólares.
Los ejidatarios denuncian que «la empresa minera ha incurrido en el apoderamiento ilegal de más hectáreas de superficie territorial al grado de que hoy cuentan con 3 mil 598 hectáreas para el desarrollo de su operación minera, sin que cuenten con autorización alguna de la asamblea general de ejidatarios para ocupar este territorio», refiere el boletín.
DIÁLOGO SIN RESULTADOS
La Asamblea Permanente de Ejidatarios solicitó desde hace meses el diálogo con Minefinders, para construir una relación justa y equitativa entre ambas partes. Y reiteran su disposición para hablar y negociar con la minera.
«El núcleo agrario ha apostado al diálogo como el mecanismo indicado para construir una relación basada en la justicia, equidad y el cuidado al medio ambiente», señala el comunicado.
El pasado 4 de junio, debido a una orden que la Secretaría de Gobierno de Chihuahua dio a Minefinders Corporation, se inició un proceso de diálogo para buscar una solución al conflicto, que lleva ya 9 años.
En la mesa de negociación los ejidatarios plantearon tres puntos fundamentales: la integración de una comisión mixta de cuidado al medio ambiente compuesta por las autoridades federales y estatales en la materia, el ejido y la misma empresa.
También, la financiación de un plan de desarrollo comunitario que permita impulsar proyectos productivos que posibiliten el desarrollo sustentable, sostenible y autogestivo del pueblo de Huizopa y sobre todo eviten la generación de un círculo de dependencia económica de los campesinos hacia la empresa.
Y un plan de desarrollo económico que incluya el pago justo de una renta anual por las tierras ocupadas y destruidas a causa de la minería y el establecimiento de un sistema de participación de los campesinos en las utilidades líquidas de Minefinders.
Sin embargo, la empresa minera canadiense ha evitado dar contestación en torno a los planteamientos de los ejidatarios de Huizopa, igualmente negó estar ocupando tierras en exceso, indica el boletín.
Los pasados días 18 y 20 de junio se programó la medición de las tierras de Minefinders, pero ésta se rehusó, señalan los ejidatarios, «debido a que se descubrirá que ocupa sin derecho territorio ejidal de Huizopa».
08/GCJ/GG/CV
