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Mitad de mujeres desplazadas en Colombia padece violencia

Por Guadalupe Cruz Jaimes

En Colombia una de cada dos mujeres y niñas desplazadas de sus hogares por el conflicto armado interno, es víctima de violencia de género en los lugares de destino por parte de sus parejas o de grupos armados, denunció la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
 
En su informe “Derechos fuera de alcance”, HRW acusó a las autoridades colombianas de obstruir el acceso a la salud y a la justicia de las mujeres desplazadas sobrevivientes de violencia física y sexual.
 
En el país sudamericano hay cerca de 4 millones de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y abusos asociados al conflicto armado interno, que inició hace casi cinco décadas.
 
Sin embargo las dificultades no terminan cuando salen de sus lugares de origen, pues al llegar a nuevas ciudades cuentan con pocos recursos, viven en casas precarias en barrios peligrosos con servicios públicos limitados, donde también afrontan la amenaza de agresiones por parte de grupos armados.
 
La difícil situación se agrava si las personas desplazadas son mujeres y niñas, ya que una de cada dos desplazadas sufre violencia de género.
 
Según datos oficiales, cada hora se registran en promedio nueve actos de violencia sexual contra mujeres y niñas en ese país. Mientras que 4 de cada 10 colombianas afirman que padecen violencia por parte de sus parejas.
 
Ser desplazada se convierte en un factor que aumenta la vulnerabilidad de las colombianas. De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana, cita el informe, la violencia y discriminación son “potenciadas” por el desplazamiento, “impactando en forma más aguda a las mujeres”.
 
Hasta ahora ellas no han sido escuchadas, ni atendidas por el gobierno de su país, ya que afrontan diversos obstáculos para acceder a la justicia y a servicios de salud, luego de una agresión física o sexual.
 
Aunque desde 2008 Colombia cuenta con un marco jurídico y políticas públicas de protección a las víctimas de violencia de género, en los hechos subsisten deficiencias que impiden que ellas accedan derechos mínimos.
 
Por ejemplo, en los servicios de salud, las maltratan y les niegan o retrasan la atención, según el testimonio de mujeres desplazadas víctimas de violencia, contenidos en el informe.
 
Debido a las deficiencias en la atención, se realizan exámenes inadecuados para identificar de signos de violencia de género, y se retardan los tratamientos para evitar el embarazo y la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), luego de una violación sexual.
 
Las barreras en el acceso a la salud se derivan, en parte, de que el personal de los servicios desconoce que están obligados a brindar atención médica a las sobrevivientes de violencia.
 
Esa disposición también es ignorada por las víctimas de ese delito, quienes además desconocen las instituciones de salud cercanas a sus nuevos hogares.
 
Los obstáculos para acceder a la justicia también son preocupantes, ya que las mujeres y niñas desplazadas padecen maltrato por parte de las autoridades, incapaces de garantizarles protección para evitar que ellas vuelvan a ser víctimas de violencia por parte de sus agresores, tras la denuncia.
 
Tal es el caso de “Dolores G”, quien le contó a un fiscal que ante la amenaza de su esposo de golpear a su hijo, le pidió que en vez de agredir al niño la golpeara a ella, y así lo hizo, la violentó como lo había hecho por años.
 
Después de escucharla, el fiscal le respondió: “Usted dijo ‘golpéame’, y él lo hizo. ¿Qué pretende que yo haga?”. Y no adoptó ninguna medida.
 
HRW también menciona el caso de una mujer que luego de presentar una denuncia por violencia sexual, los investigadores dudaron de su acusación, diciéndole: “pero si realmente no tiene tan buen cuerpo”.
 
Para responder a la problemática, el organismo internacional señala que el gobierno colombiano debe evaluar de forma rigurosa las prácticas de las instituciones que brindan atención directa a las mujeres y niñas desplazadas víctimas de violencia de género.
 
Además, las autoridades deben recabar información sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres vinculada al conflicto y al desplazamiento, para poder monitorear el impacto que tienen las políticas y efectuar los ajustes necesarios a tales políticas para que brinden una respuesta más efectiva a esta población.
 
De igual modo, el gobierno debe garantizar la capacitación del personal de los sistemas de salud y justicia. Y llevar a cabo campañas públicas para informar a mujeres y niñas desplazadas acerca de sus derechos, concluye HWR.
 
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