Inicio Móvil de robo no descarta feminicidio en muerte de periodistas

Móvil de robo no descarta feminicidio en muerte de periodistas

Por Gladis Torres Ruiz

El que “se presuma” que el móvil del asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga fue el robo, no elimina el delito de feminicidio y los responsables deberán ser consignados por este crimen tipificado en el Distrito Federal en junio pasado.

David Peña Rodríguez, abogado de la Casa del Periodista y del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), precisó a Cimacnoticias que en el caso de la fundadora de la revista Contralínea, y la ex reportera de Televisa, cuyos cuerpos aparecieron el pasado 1 de septiembre, todavía no está confirmado que el móvil fue el robo, “simplemente hay elementos”, sostuvo.

Sin embargo, aunque se confirmen tales indicios el crimen no deja de ser un feminicidio, toda vez que este delito se caracteriza por la forma en que son asesinadas las mujeres, es decir, por razones de género.

El abogado señaló que según la manera en la que está tipificado en el DF el feminicidio, para acreditar el delito no se involucra su motivación. El crimen se acredita a partir de hechos objetivos, es decir en qué condiciones se perpetró: si fueron torturadas, lastimadas, así como el tratamiento que se le dio a los cuerpos, abundó.

“A partir de esos elementos objetivos el asesinato de las periodistas es un feminicidio del tipo penal”, insistió David Peña.

Ayer el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que el único móvil del asesinato de Marcela Yarce y Rocío González fue el robo de un millón de pesos, por lo que fueron arraigados Óscar Yahir Quiñones Emer y Lázaro Hernández Ángeles, de 29 y 26 años, respectivamente.

Ante ello el abogado del caso, David Peña, refirió que lo que se indaga es el móvil y todo parece indicar que sí fue el robo; sin embargo, apuntó, “no podemos asumirlo como la verdad, ya que las investigaciones –las cuales estamos acompañando– de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) continúan, y hasta no tener todos los elementos que comprueben que así fue, nosotros no podríamos reconocerlo”, aclaró.

“Confiamos en el trabajo de la Procuraduría y en que ésta es una de las líneas más fuertes de investigación, y es en ésta lógica que seguiremos acompañándola en sus investigaciones”, remarcó.

David Peña –quien junto con la abogada Karla Michel Salas llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos uno de los ocho casos de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez–, informó que hasta ayer los arraigados estaban declarando, por lo que está pendiente la integración del expediente.

“Sabemos cuáles son los elementos por los que se localizaron a estas personas y creemos que son suficientes para poderlos relacionar en términos penales”, sin embargo hasta el momento sólo están arraigados y no detenidos, observó el defensor.

El también integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, precisó que aún falta perfeccionar la investigación, y es por ello que la PGJDF no solicitó la orden de aprehensión si no una de arraigo, es decir, si se tuvieran todos los elementos se hubiera solicitado una orden de aprehensión directa, pero como no es así se solicita una medida cautelar de arraigo.

“Precisamente para buscar más elementos y enriquecer la investigación. En estos 30 días de arraigo nosotros estaremos acompañando a la Procuraduría para ver qué más elementos se pueden integrar y ayudar para perfeccionarla”.

Y será después de estas investigaciones que se definirá si estas dos personas son detenidas o no. La información de que fueron detenidos por que son culpables no se dio en ese sentido, explicó Peña. Fueron arraigados por que están relacionados de alguna manera con los hechos y se presume que pudieron participar en ellos y ser parte de los autores materiales, añadió.

No necesitamos sólo su testimonio, sino de otras personas que los relacionen y vincularlos, ya que podrían ser parte de un grupo, de tres o cinco personas, que hicieron toda esta operación para cometer el crimen.

El pasado 1 de septiembre los cuerpos desnudos de las periodistas Rocío González Trápaga y Marcela Yarce Viveros fueron encontrados en un terreno utilizado como cancha de futbol en la Colonia Predio Maravillas, en Iztapalapa; estaban atados de pies, manos y tenían un lazo alrededor del cuello.

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