En Oaxaca una mujer es asesinada cada seis días, una más muere a la semana por causas relacionadas a la maternidad y otras mil han sido violentadas sexualmente cada año, señalan las cifras del Informe Ciudadano sobre la Injusticia contra las Mujeres, cuyos resultados serán presentados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En rueda de prensa, ocho mujeres del movimiento pro derechos de las oaxaqueñas presentaron el informe, con los resultados de todas las formas de violencia que se ejercen en Oaxaca, las cuales tienen un alto costo social en cientos de muertes, fenómeno al que llamaron un crimen de estado.
La rueda de prensa inició con un recuento que ejemplifica los dramáticos casos de violencia feminicida y feminicidio contra mujeres oaxaqueñas, como el asesinato de María Luisa en 2004, la violación de una joven con capacidades diferentes y la negación a su derecho al aborto en ese mismo año, la violación de una niña de 10 años en 2006 y que ahora está embarazada.
El feminicidio es un crimen de Estado y en Oaxaca hay feminicidio, denunció Ana María Hernández Cárdenas, representante en Oaxaca de Consorcio para el Diálogo Parlamentario; en tanto que Yéssica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), llamó a no votar por el PRI en los próximos comicios.
Un ejemplo de una realidad social, donde la falta de políticas públicas con perspectiva de género se refleja dramáticamente en la vida de las mujeres. La violencia misógina se ejerce «contra las mujeres por ser mujeres ubicadas en relaciones de desigualdad de género: opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación», señala el Informe sobre Violencia Feminicida en Oaxaca.
Las mujeres carecen de valor social dentro de la familia, la comunidad y las instituciones responsables de su atención, sostiene el informe, donde se plantea que «no descansarán hasta obtener una respuesta a las demandas justas de no más violencia feminicida en Oaxaca, no más asesinatos de mujeres, desapariciones, represión, violencia sexual, no más muertes por causas de salud evitables».
EL RECUENTO DE LOS DAÑOS
En un largo recuento el informe documenta casos como la detención ilegal de Isabel Almaráz en 2002, por su no comprobada vinculación con el EPR; el asesinato de Guadalupe Salinas, la candidata perredista y la impunidad para su asesino el ex alcalde priista de San José Estancia Grande, Cándido Palacios?
Habla de otras mujeres cuya vida cambió a raíz de la represión contra activistas como Aline Castellanos, a quien se acusa de un delito que no cometió, o las presas Romualda Lourdes San Juan, Aurora Ruiz García, Edith Coca Soriana, con otras 35 mujeres, que fueron privadas ilegalmente de su libertad el 25 de noviembre de 2006 por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Se trata ?dijeron- de la violencia institucional de la omisión, de la negligencia, de la discriminación y del ejercicio corrupto e injusto del poder; de la violencia que ejercen sus parejas, algún integrante de su familia, sin que las instituciones den respuestas eficaces a este grave problema social.
QUE RENUNCIEN
Por ello, exigieron la destitución de la titular de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Mujer, creada el 25 de mayo del 2005, Aída Gómez Piñón, por su ineficiencia y falta de formación, por su poca sensibilidad y magros resultados en la lucha contra la violencia que viven las mujeres oaxaqueñas, así como del procurador de Justicia, Evencio Nicolás Martínez.
El Colectivo Huaxyacac y la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) denunció la colusión del Instituto de la Mujer Oaxaqueña por permitir la impunidad y la falta de atención del problema, simulando políticas públicas y presupuestos inexistentes en la práctica, gastando cuantiosos recursos en campañas ampliamente criticadas y en supuestas capacitaciones a funcionarios que continúan con su ineficiencia.
También denunciaron al Congreso local, que durante toda su gestión no ha realizado una revisión seria del marco legal, ni las reformas necesarias para tener una legislación adecuada, incumpliendo con el mandato ciudadano que tiene cada diputada y diputado.
Por servir, expresaron, más a sus intereses personales, partidistas y del gobernador priista en turno, que a la seguridad de las oaxaqueñas.
«Lo que sí hicieron fue convocar a fuerzas federales para reprimir, criminalizar la protesta social y acallar las voces de una demanda justa y legítima, lo que trajo como resultado las graves violaciones a los derechos humanos que impactó a un número significativo de mujeres».
AUDIENCIA EN LA CIDH
A los medios de comunicación, las organizaciones que integran el Huaxyacac y la Como pidieron que la información relacionada con la violencia feminicida sea colocada en la sección política, sacada de la sección policíaca y deje de tener un enfoque amarillista, que denigra la dignidad de las mujeres y la propia ética profesional de informadores y medios.
También demandaron «la urgencia de establecer un observatorio ciudadano e independiente», que tenga como tarea dar seguimiento al actuar del Estado frente a la violencia contra las mujeres y a la aplicación de la ley estatal y federal, así como de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belem do Pará, que obligados a cumplir los poderes del Estado.
Tras anunciar que pedirán una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar la realidad de las mujeres oaxaqueñas, hicieron un llamado a ejercer un voto de castigo contra el PRI y de sus candidatas y candidatos.
Especialmente nos manifestamos, dijeron, en contra de Jorge Franco, Lizbeth Caña Cadeza, Lino Celaya Luría, directos responsables de la impunidad de la violencia contra las mujeres, sin autoridad moral para llegar al Congreso del estado.
07/SJ/CV
