Muestran pruebas que implican a ex trabajadoras en caso ABC

Madres y padres de las y los niños fallecidos por el incendio de la Guardería ABC en junio de 2009, dijeron tener pruebas que demuestran la presunta responsabilidad en los hechos de dos ex supervisoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que fueron liberadas recientemente. 
 
En conferencia de prensa, Patricia Duarte Franco y José Francisco García Quintana, padres del niño Andrés Alonso –fallecido en esa tragedia– advirtieron que pese a que Delia Irene Botello Amante e Irma Crescencia Díaz Gómez obtuvieron su libertad, de ninguna manera significa que sean inocentes.
 
Delia Irene Botello, ex trabajadora de la Coordinación de Guarderías del IMSS en Sonora, salió del penal Hermosillo Uno la madrugada del pasado 1 de enero debido a un “desvanecimiento de datos”, mientras que Irma Crescencia Díaz Gómez, ex cordinadora de Zona de Guarderías y quien enfrentaba el juicio en libertad, obtuvo el mismo beneficio el pasado martes 4 de febrero.
 
Ante ello, Patricia Duarte y José Francisco García argumentaron que desde el inicio de las investigaciones del caso el agente del Ministerio Público (MP) “hizo todo mal”. El proceso “es un cochinero” por lo que hay graves deficiencias en el mismo, acusaron.
 
Los también integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio mostraron documentos que obran en el expediente del caso ABC. Se trata de reportes firmados por ambas ex supervisoras que demuestran cómo ellas no sólo dan la máxima calificación en infraestructura, protección civil y elementos de seguridad en la Guardería ABC, sino que además rematan con comentarios positivos y felicitaciones.
 
De igual forma enseñaron un documento en el que José Manuel Matiella Urquídez, propietario del inmueble que compartían divididos por una pared la guardería y la bodega contigua donde inició el siniestro, elaboró un dictamen que avalaba al edificio como adecuado para operar una estancia infantil.
 
Matiella Urquídez se ostentó como arquitecto egresado del Tecnológico de Monterrey con varios reconocimientos, por lo que elaboró un autoperitaje.
 
El dueño de la bodega cuya mitad se había acondicionado como estancia infantil y por la cual recibía 476 mil pesos de la Secretaría de Hacienda como renta anual, además es tío de uno de los socios de la Guardería ABC, Gildardo Urquídez.
 
Por todas estas anomalías, las y los afectados denunciaron que tanto el MP, como el entonces procurador del estado y hoy diputado local Abel Murrieta Gutiérrez, obedecieron órdenes de no tocar a ciertos personajes en las investigaciones.
 
De ahí que en el expediente ABC queda claro que hay personas que son responsables en diferentes grados, que a la fecha aún no han sido llamados a declarar.
 
APELACIÓN
 
El asesor legal del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Lorenzo Ramos Félix, explicó que se apeló la resolución judicial que dejó libres a Díaz Gómez y a Botello Amante.
 
Al cumplirse 56 meses del incendio en el que 49 menores de edad murieron y más de 70 quedaron con lesiones de por vida, el abogado manifestó que ya interpusieron un recurso de apelación por esas determinaciones.
 
Precisó que la apelación se promovió ante un Tribunal Unitario de Circuito y según lo que resulte de la misma se podría recurrir a una siguiente instancia que es un Tribunal Colegiado de Distrito, “porque la resolución del juez no significa que están exoneradas”.
 
“Los resolutivos del juez en estos casos, no son definitivos ni implican un sentido de absolución”, destacó el asesor legal de los familiares de las víctimas.
 
Ramos Félix agregó que toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en su investigación 1/2009, que en el caso ABC se cometieron graves violaciones a las garantías individuales de las niñas y niños y de sus familiares, es posible presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es que no se logra la justicia en México.
 
Insistió en que el ex gobernador Eduardo Bours, así como los ex directores del IMSS Santiago Levy, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, entre otros, no han sido interrogados, ni procesados por el caso ABC.
 
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