Esta década que recién termina, el rostro de la violencia hacia las mujeres tomó formas complejas: los casos de mujeres encarceladas, que cubrieron condenas por la figura jurídica de «homicidio en grado de parentesco», en confrontación con los términos «aborto» (natural o inducido), señalan la urgencia de que los gobiernos inviertan en educación sexual y salud reproductiva.
La educación como destino impuesto para acabar con el miedo guardado cuando se es violentada sexualmente; y la culpa por ejercer el derecho al placer -sin prevención-, con la consecuencia de un embarazo no deseado, nos habla de una extrema exclusión emocional, cultural y social de las mujeres.
¿Cómo se explica un juez el hecho de que una mujer sufra un aborto sin saber en el momento de pánico qué hacer?
Analicemos la realidad en la cual se sigue educando a las mujeres, en el silencio, en la ignorancia hacia nuestro cuerpo, en el miedo y en la doble moral sexual, que plantea una conducta específica dependiendo de lo que es bueno o malo para cada sexo y exige que el cuerpo femenino esté destinado al ejercicio sexual con fines de procreación o para el placer de los demás.
Encontramos un complejo universo en referencia a los comportamientos femeninos y masculinos frente a la maternidad, la paternidad, el maternizaje fuera de los cánones religiosos o socialmente avalados.
En el caso de siete mujeres que cubrieron diversas condenas hasta el pasado 7 de septiembre, día en que fueron liberadas, su situación de marginalidad las convirtió en doblemente vulneradas: todas de origen rural, cuatro de ellas violadas, madres desde la adolescencia; acusadas antes del juicio por la pobreza, la violencia, por las y los médicos y algunos defensores de oficio, menospreciadas y señaladas socialmente.
Con el proceder del juez que puso en libertad condicional a un sacerdote acusado de violación de una adolescente, en contraparte con una pena máxima a una mujer que sufrió un aborto y fue calificado como asesinato en razón de parentesco, logrando finalmente ser absuelta al comprobar su inocencia, puso a Guanajuato en el ojo del huracán internacional atrayendo la atención de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
El magistrado guanajuatense Miguel Valadés Reyes, Verónica Cruz Sánchez, directora del centro de derechos sexuales y reproductivos Las Libres, el Centro de Investigación en Docencia Económica (CIDE) y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, hicieron visible la marginación femenina y la justicia aplicada de manera «dogmática», tal y como calificó el hecho Valadés Reyes.
Ratificada hace 29 años (en 1981) por nuestro país, la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres), recomendó desde el 2006 a México reducir con educación los embarazos no planeados como una forma de disminuir los abortos y la mortalidad materna.
En agosto de 2010, la oficina de la ONU, capítulo México, emitió recomendaciones sobre la urgencia de contar con legislación y programas (políticas públicas con enfoque de género) en Guanajuato, tendientes a la promoción y defensa de los derechos femeninos para frenar la violencia «cultural», estructural, que naturalizada en la vida privada se convalida en la vida pública y se traduce bajo todos los órdenes jerárquicos como «correctivos» a conductas moralmente indeseables.
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) emitió en consecuencia con el dictamen de la ONU, recomendaciones al gobierno estatal para la observancia de estos derechos a través de acciones afirmativas coordinadas interinstitucionalmente y para la reducción de penas en la condena por «homicidio en grado de parentesco», con el fin de que las mujeres procesadas obtuvieran su libertad con un efecto retroactivo; así como la recomendación al Congreso local para la elaboración de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no fue armonizada.
Dicho enfoque de género, que el gobierno federal, los estatales y municipales deben tener como eje transversal de las políticas públicas para promover la igualdad, tampoco ha permeado en los planes de educación, salud, vivienda, justicia, transporte, ambiente, entre otros, en la entidad.
«Se les trata a todos por igual», dijo el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, sin considerar la vulnerabilidad social, económica y cultural que aún prevalece en la población femenina en este siglo XXI, sobre todo para quienes viven en zonas rurales y suburbanas.
Con la criminalización de las mujeres no se desalentará el aborto natural ni inducido, un fenómeno que sólo puede ser resuelto de fondo con educación, planes de salud y con leyes elaboradas bajo la óptica del enfoque de género.
*Comunicadora y docente universitaria especialista en enfoque de género.
gnietourroz @hotmail.com
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