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Mujeres crean frente por la libertad de presos políticos

Por Anaiz Zamora Márquez
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El gobierno de Enrique Peña Nieto, además de despojar de sus tierras y recursos naturales a las comunidades indígenas, mantiene una campaña de criminalización y encarcelamiento de líderes comunitarios –quienes se atrevieron a organizar y defender a sus pueblos–, con lo que deja en desamparo a sus esposas, hijas e hijos, quienes emprenden la lucha por su liberación y buscan recursos económicos.
 
A un año de la detención de la líder Nestora Salgado –orquestada por la Marina y el Ejército–, esposas de integrantes de policías comunitarias de los estados de Guerrero y Michoacán crearon un frente para exigir la liberación de sus parejas, y el cese de la campaña de criminalización.

En menos de un año fueron encarcelados 328 dirigentes comunitarios en Michoacán, a los que se suman los 13 integrantes de policías comunitarias de Guerrero, que ya estaban detenidos.
 
La mayoría de ellos están acusados de delitos del orden federal y por tanto recluidos en cárceles de máxima seguridad, ya sea en Tepic, Nayarit, o en Almoloya de Juárez, Estado de México, lo que impide que sus esposas puedan mantener contacto con ellos, a lo que se suma que con su detención son ellas las que encaran la exigencia de justicia y quedan como jefas de familia sin recursos para mantener a sus hijas o hijos.

Así lo relató Agustina García, esposa de Arturo Campos Herrera, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Montaña de Guerrero detenido hace ocho meses, y recluido en Almoloya de Juárez por los supuestos delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Madre de seis hijos, Agustina ahora debe “salir a trabajar todos los días para buscar qué darles de comer a sus hijos que siempre le preguntan si su padre está vivo”, aunque es difícil ver a su esposo pues no puede costear los gastos del traslado. Cuando logra hacerlo  no le permiten abrazarlo, pues “su crimen fue organizar a su pueblo, exigir justicia y detener los homicidios”.
 
De acuerdo con esta mujer de origen indígena, antes de la conformación de la Policía Comunitaria se cometían entre 140 y 150 homicidios al año, “pero el sueño de Arturo era que ya no hubiera homicidios en las comunidades y lo lograron; ahora como su esposa no puedo abandonar su proyecto; él no es delincuente y lo tienen detenido injustamente”.
 
Entre lágrimas, reprochó al gobierno mexicano que “ni siquiera sabe cómo están nuestras comunidades, pero cuando decidimos organizarnos para defenderlas y exigir mejores condiciones nos reprime y nos tacha de delincuentes. El encarcelamiento de mi esposo no sólo es una tortura para él, también lo es para el resto de la familia”.

Otra integrante del frente es Ausencia Oronato, esposa de Gonzalo Molina, quien apoyó la creación de la CRAC y por ello fue acusado de siete delitos, entre ellos terrorismo, delincuencia organizada, secuestro y robo. Actualmente está recluido también en Almoloya de Juárez, mientras su pareja emprende la difícil tarea de exigir su liberación y cuidar de su familia. 

María de Jesús Pérez Hernández, esposa de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (en la costa de Guerrero), denunció que el gobierno federal pretende instalar en la zona marginada de Acapulco una presa que traería mucho daño a las comunidades, pues los quieren sacar de sus lugares de origen.
 
“El delito de mi esposo es luchar para que esas comunidades no sean arrancadas de sus lugares de origen, y el gobierno lo castigó por no aceptar las condiciones del gobierno”, por ello lo trasladaron a Tepic sin importar que los delitos por los que se le acusan son del orden común: lesiones simples, robo, lesiones agravadas, motín y sabotaje.
 
Éstas y otras mujeres declararon el 21 de agosto como Día Internacional por la Libertad de los Presos Políticos, como parte de la Campaña #NestoraLibre, mediante la cual se exige la liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y quien está recluida en un penal de Tepic.  
 
Cabe recordar que Nestora fue aprehendida por miembros de la Marina y la policía el 21 de agosto de 2013 y posteriormente acusada de secuestro agravado y delincuencia organizada, acusación por la que sigue en reclusión pese a que un tribunal federal reconoció su inocencia en abril pasado.
 
Hoy, Cleotilde Salgado, hermana de Nestora, leyó una carta en la que la líder comunitaria invita a sus compañeras y compañeros de lucha a no bajar la guardia y a seguir defendiendo su territorio y las causas nobles. A través de su hermana agradeció a todas las personas que han alzado la voz por su liberación.
 
La campaña por la liberación de Nestora Salgado ahora es de carácter internacional. Mañana (cuando se cumple un año de su detención) se realizarán protestas en siete ciudades de Estados Unidos, país de donde la mujer de origen indígena también es ciudadana.
 
Al mismo tiempo se prevén movilizaciones en 10 localidades mexicanas, como Olinalá, Chilpancingo Jamiltepec (las tres en Guerrero); Los Mochis, en Sinaloa, y Aguascalientes. En el DF la manifestación tendrá lugar a las 5 de la tarde en el plantel colonia del Valle, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
 
También se prevén protestas frente a los consulados o embajadas mexicanas en Australia, Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Brasil.
 
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