El pasado 25 de septiembre se cumplieron 11 años de la detención de los integrantes del Cabildo de San Agustín Loxicha, Oaxaca, con el «falso argumento de que pertenecían al Ejército Popular Revolucionario», recordó Juan Sosa Maldonado, integrante de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos AC, en un comunicado.
Paralelamente, el ex gobernador de Oaxaca, hoy diputado federal de Acción Nacional, Diódoro Carrasco Altamirano, también recordó los hechos, al pedir al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, «mano dura para el EPR», durante una comparecencia del funcionario federal con motivo de la glosa del Informe presidencial.
Circunstancias y tiempos reviven el tema, para recordar cómo hombres y mujeres de un pueblo sufrieron las consecuencias por ser considerados presuntos integrantes del EPR por las autoridades estatales.
Las consecuencias de ello perduran, a pesar de que las y los habitantes de Loxicha buscaban entonces zafarse del caciquismo y sus consecuencias: la pobreza y la marginación.
El saldo de lo ocurrido en septiembre de 1996, dice Juan Sosa, es: más de 500 detenidos ilegalmente, 90 ejecuciones extrajudiciales, 15 desapariciones forzadas y un número impreciso de violación a mujeres.
Según los entendidos, cualquiera que conozca la sierra sur de Oaxaca, zona de montañas altas, puede entender que la intrincada geografía difícilmente puede albergar las actividades de una guerrilla.
Pero la violencia en San Agustín Loxicha la inició el gobierno y hoy todavía algunas de las mujeres esperan la liberación de sus esposos, sus padres, hermanos y quizá todavía haya algunas madres a quienes la espera no las haya matado de tristeza.
Las hijas de Isabel Almaraz aguardan por su madre detenida en el penal de Santa María Ixcotel, desde junio de 2002. A ella se le responsabilizó de participar en un secuestro junto con otros dos hombres, a quienes ni siquiera conocía y que curiosamente fueron liberados durante la administración de otro ex gobernador y actual diputado federal, José Murat Casab.
Isabel, quien acostumbraba viajar de Loxicha a la capital de Oaxaca para atender a su madre enferma, no volvió a verla, debido a su reclusión. No pierde la esperanza de salir, aunque su hogar se deshizo, su marido tuvo prácticamente que «huir», pues también sería acusado y detenido.
Cuando fue detenida, sufrió tortura, golpes y amenazas de violación, le dijeron que darían a sus hijas en adopción, y por eso firmó una declaración que desconocía y en la que se le hacía cómplice del secuestro de un niño.
Más tarde la enfrentaron a sus supuestos «cómplices», dos hombres a quienes nunca había visto. También la acusaron de haber manejado un automóvil donde se habría cometido el ilícito, pero ella no sabe manejar. Después determinaron que «era guerrillera».
En junio de 1997, Isabel se integró a una veintena de mujeres, encabezado por Donaciana Antonio Almaraz para instalar el plantón más largo de la historia de Oaxaca, en el portal del entonces Palacio de Gobierno.
Se sumó a la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha, pero regresó pronto a Loma Bonita Loxicha, pues Honorio Almaraz Martínez, su padre, integrante del cabildo, había sido desaparecido.
Donaciana también fue señalada entonces como guerrillera y le llamaban «Comandante Sonia». Hoy administra un restaurante a sólo cinco cuadras de lo que por casi cinco años fue el campamento de las mujeres loxichas.
La lucha del pueblo Loxicha, que no debe confundirse con la del EPR, todavía no termina, dijo hace poco a Cimacnoticias, hay aún muchos detenidos que esperan obtener su libertad, porque ellos no son ni guerrilleros ni asesinos.
Las heridas siguen abiertas también para Quintina Valencia Antonio, Laura Hernández Antonio e Inés Antonio Reyes, quienes pese a la tristeza se convirtieron en luchadoras por la libertad de sus maridos, cosa que todavía no logran. Viven en una casa que les «cedió» el anterior gobierno estatal, con sus hijas e hijos, marginadas y en espera de justicia.
Estela Ramírez quedó viuda y con valor, contra lo que dictaba la regla en aquellos años, denunció el asesinato de su marido, Celerino Jiménez Almaraz, ocurrido el 24 de abril de 1997. Llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace unos tres años, Lucio Vásquez –un ex agente judicial e impuesto como autoridad municipal en Loxicha– fue declarado culpable del asesinato y condenado a 40 años de prisión.
En Loxicha, como ocurre en toda guerra, las mujeres fueron botín, pero no denunciaron ante las autoridades, pues fueron advertidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de lo grave que sería acusar a elementos del Ejército y corporaciones policiacas, según versión de organismos no gubernamentales que entonces acompañaron a las mujeres.
Hasta enero de 1998 se hizo pública la denuncia por violación a más de 21 mujeres cometida por guardias blancas, agentes judiciales y militares, tan sólo en la comunidad de Magdalena Loxicha. Entre las víctimas había por lo menos 15 menores de edad, afirmó entonces Donaciana Ramírez, a través de los medios locales.
La única constancia oficial del hecho está asentada en el Cuaderno de Antecedentes de la CEDH bajo el número CEDH/CA/21/(17)/OAX/1998, como resultado de una nota periodística publicada en el diario El Gráfico y más tarde en otros periódicos.
Días más tarde, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanosseñaló que no eran 21 sino 36 las mujeres zapotecas víctimas de los ataques sexuales de policías, judiciales y militares, así como los llamados «guardias blancas».
Hoy, cuando las circunstancias vuelven a poner al EPR en los medios de comunicación, vuelve a la memoria el sufrimiento de las mujeres que terminaron sus días esperando justicia, el éxodo de muchas las familias, porque fueron criminalizadas y convertidas en guerrilleras.
07/SJE/GG
