A cuatro días de que venza el plazo para la entrega de liquidaciones y del bono adicional que ofreció el gobierno federal a las más de 4 mil trabajadoras y 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), quienes quedaron sin empleo tras el decreto presidencial de extinción de la compañía paraestatal, hoy alrededor de cien mujeres electricistas se manifestaron frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para reiterar: ¡No queremos dinero, queremos nuestro empleo!
Después de más de dos horas de protesta en las inmediaciones de la dependencia de gobierno, personal de la Unidad de Funcionarios Conciliadores recibió a una comisión de tres trabajadoras de LyFC, quienes ingresaron con la intención de transmitir un mensaje: «no vamos a aceptar la liquidación, no aceptamos el bono que nos ofertan a cambio de nuestro empleo», aseveró a Cimacnoticias Mónica Jiménez, coordinadora del Movimiento de Mujeres Electricistas en Resistencia.
De acuerdo con información de la STPS, a la fecha 44 por ciento de las y los electricistas han cobrado su liquidación. Sin embargo, este porcentaje contrasta con los datos proporcionados por el SME, los cuales indican que frente al decreto presidencial se ampararon 24 mil electricistas activos y 16 mil jubilados.
Jiménez agregó: «tampoco estamos dispuestas a renunciar a nuestro empleo formal por el ‘changarro’ que nos están ofreciendo». Por este motivo, la derogación del decreto de extinción de la empresa del Estado emitido por Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, el pasado 11 de octubre, encabeza las peticiones las mujeres electricistas entregaron hoy a la STPS.
Cecilia Figueroa, una de las tres trabajadoras de LyFC que se entrevistaron con Alejandro Peguero Pérez, Jorge Hernández Morales y Carlos Siqueiros Moncayo, integrantes de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la secretaría, señaló que ellas no acudieron en busca de respuestas: se dieron cita en las inmediaciones de la dependencia para manifestar su descontento y «dejar claro» que: ¡no queremos dinero, queremos nuestro empleo!
Además de la derogación, las trabajadoras de LyFC exigieron a las autoridades laborales que se reinstalen las fuentes de trabajo para las más de 44 mil personas que laboraban para la paraestatal, de las que 10 por ciento son mujeres.
Expresaron también que el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezado por Martín Esparza Flores, es la única organización que puede negociar en nombre de las y los electricistas en una mesa de diálogo, por lo que desconocen y «descalifican» cualquier acuerdo que en nombre del gremio realice Alejandro Muñoz, tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas el año pasado.
Cabe mencionar que los funcionarios de la STPS señalaron a la comisión de trabajadoras de LyFC que a la «brevedad» entregarán sus peticiones a Javier Lozano Alarcón, titular de la secretaría. Los «conciliadores» no dieron respuesta a ninguna de sus demandas «por falta de autoridad», indicó Figueroa.
En tanto, frente a este escenario, «la resistencia de las trabajadoras continúa y las movilizaciones de las electricistas avanzan», aseguró Mónica Jiménez. Muestra de ello es que del mitin realizado en las inmediaciones de la dependencia partieron rumbo a la Cámara de Diputados para esperar, desde San Lázaro, el resultado de la votación sobre la controversia constitucional.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
«La controversia constitucional la tenemos ganada. El decreto es violatorio a la carta magna», aseveró Jiménez. Las electricistas confían en que las y los legisladores estudien la argumentación que presentaron, elaborada por distintos especialistas en materia laboral, para que de este modo «haya justicia».
El decreto «calderonista» es considerado inconstitucional por abogados como Carlos de Buen, quien realizó la argumentación jurídica del amparo en contra de la extinción de LyFC.
A decir del experto en justicia laboral, la decisión de extinguir la paraestatal sólo puede ser tomada por el Legislativo, pues este poder ordenó su creación; así, Calderón Hinojosa invadió las atribuciones de las y los legisladores.
09/GCJ/YT
