Pocas veces en la historia, más de 50 organizaciones de mujeres se habían preparado tan bien para contrarrestar las mentiras que, por órdenes presidenciales, se plantean ante organismos internacionales sobre los avances de México en el cumplimiento de sus compromisos para asegurar el bienestar y la justicia.
Representando a miles de mujeres, se llevaron a Nueva York 18 informes perfectamente documentados sobre cómo los gobiernos locales y el federal han dejado en la indefensión a millones de mujeres y niñas.
Cuando Felipe Calderón, representando al país entero, firmó la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), comprometió a su gobierno ante la comunidad internacional a llevar a cabo prácticas pro-igualitarias que asegurasen el cumplimiento de este mecanismo.
Los fallos son irrefutables aunque el representante gubernamental lleve cifras alegres. A estos documentos de la sociedad civil se les denomina «informes sombra». A la luz van los oficiales y tras ellos la realidad que la sociedad no está dispuesta a callar.
No cabe duda de que en el contexto de la guerra, la violencia contra mujeres y niñas ha agravado la situación, particularmente en estados como Chihuahua.
Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Mukira A.C., documentan que entre enero y febrero de 2012 por lo menos 12 cuerpos de mujeres y niñas se encontraron en un terreno en el Valle de Juárez, lo que evidencia que los asesinatos seriales de mujeres y niñas basados en la violencia de género no son cosa del pasado.
En todos los casos documentados se había solicitado ayuda de la autoridad que con total ineficacia, ni siquiera comenzó las búsquedas.
Entre 2007 y 2011 se registraron 92 denuncias de desapariciones forzadas, en varias de ellas se ha señalado al Ejército mexicano y a la Policía Federal como responsables.
Chihuahua tiene, según cifras oficiales, la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres; 17.15 veces más alta que la tasa de homicidios femeninos a nivel mundial.
Sin embargo, el gobernador César Duarte sigue negando la grave problemática, mientras que el gobierno federal la descalifica argumentando, falsamente, que es resultado de las pugnas entre cárteles.
No sólo Enrique Peña Nieto evitó que se aplicara la Alerta de Violencia de Género (AVG) mientras era gobernador. Equis revela que desde 2008 hasta 2011 se han otorgado 19 millones de pesos para el Fondo Nacional para la Declaración de la AVG, pero únicamente se han ejercido 1.3 millones de pesos.
Los gobiernos estatales impiden que se aplique dicha alerta y a su vez quienes conforman el Consejo imposibilitan su operación adecuada y transparente de un mecanismo que bien podría proteger a las mujeres y niñas de cada estado en riesgo.
Todo parece indicar que quienes determinan las Alertas de Género se preocupan más por proteger la imagen de los gobernadores y procuradores que la vida de las mujeres.
En el país el feminicidio ha aumentado un 68 por ciento. En 15 meses desaparecieron 3 mil 140 mujeres y niñas en nueve estados del país; las procuradurías no hacen efectivos sus mecanismos de búsqueda, aludiendo que ellas se fueron «por su voluntad».
No ha caído ni el mínimo peso de la ley contra quienes ultimaron la vida de 13 mujeres periodistas, ni sobre quienes amenazaron de muerte, encarcelaron y persiguieron a 100 reporteras. Tampoco se han esclarecido las muertes de 11 defensoras de Derechos Humanos que protegían la vida e integridad de personas de su comunidad.
El Estado tampoco ha invertido recursos suficientes para implementar programas para la educación de igualdad de género; mientras que en un grave retroceso 17 estados aprobaron leyes contra la interrupción legal del embarazo, incluso en casos de violación, provocando un clima de persecución contra las mujeres.
Estos informes son de vital importancia porque evidencian que los políticos, sin importar el partido al que pertenezcan, siguen demostrando que la violencia de género es un asunto menor al que se acota con medidas parciales y presupuestos ínfimos, negando que casi 52 por ciento de la población la constituyen las mujeres que merecen vivir en un ambiente de igualdad y justicia.
Luego de que este martes 17 presenten sus informes, las organizaciones volverán a México a seguir trabajando para la defensa de los Derechos Humanos, a enfrentar problemas y buscar soluciones ante un sexismo perenne y transexenal que se perpetúa desde todos los partidos políticos y en buena parte de la sociedad.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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