En México, 60 por ciento de la matrícula universitaria en las áreas de ciencias de la comunicación está representada por mujeres, según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), pero el acceso de las mujeres a los medios de comunicación no es proporcional al número de egresadas.
A ello se suma el hecho de que las agresiones contra la libertad de expresión van en aumento, 105 tan solo en lo que va de este año, y de ellas no han estado exentas las periodistas.
Por tal razón y con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México, el pasado 7 de junio, el candidato del Partido Social Demócrata (PSD) a una diputación federal por el Distrito I de Cuernavaca, Conrado García Velasco, señaló que las y los periodistas son el grupo más vulnerable en la lucha del Gobierno federal contra el crimen organizado, por lo que la administración de Felipe Calderón debe brindar garantías a su labor informativa, demandó.
El también secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) dejó en claro que cuando las y los periodistas no pueden ejercer libremente y sin miedo su labor se coarta el derecho Constitucional a la información y a la libertad de expresión, siendo el asesinato de periodistas la forma más despreciable de censura, por lo que exigió al Gobierno federal garantías para todos los periodistas del país.
Las mujeres en México no han estado exentas de ser violentadas al ejercer su derecho a la libertad de expresión, existen casos emblemáticos como el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, autora de Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil, libro publicado en 2005, en el que denuncia a una red de pederastia y por el cual fue demandada judicialmente por Jean Succar Kuri, uno de los protagonistas principales del texto.
Por ello fue también detenida arbitrariamente, torturada, secuestrada y encarcelada por agentes policíacos, instruidos por Mario Marín, gobernador de Puebla.
Oto de los casos es de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, comunicadoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, asesinadas el 7 de abril de 2008 en una emboscada.
Recientemente la reportera de la revista Contralínea Ana Lilia Pérez Mendoza, ha sido acosada y fue demandada por la gasera Grupo Z, por sus investigaciones en las que involucran a funcionarios públicos con el tráfico de influencias y el abuso de autoridad prevaleciente en los procesos de contratación de Petróleos Mexicanos. La información involucra, entre otros, a quien fuera Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
En este sentido Verónica Juárez Piña, secretaría Nacional de Difusión Prensa y Propaganda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló «cometeríamos un error si pensamos que la única amenaza a la libertad de expresión viene del crimen y del narcotráfico. Sigue existiendo la tentación desde el poder para influir en lo que se publica y, muy importante, en lo que no se publica».
Lo sucedido con Mario Marín, llamado el «gober precioso», y la periodista Lydia Cacho sólo es una muestra grotesca de lo que acontece de manera más sutil y refinada en otras entidades, dijo.
«Muchos gobernantes no saben lidiar con una prensa que por crítica necesariamente resulta incómoda, prefieren la alabanza y trabajan para lograrla», subrayó
En comunicado de prensa con motivo del Día de la Libertad de Expresión, afirmó que hace bien el gremio periodístico y la clase política en cerrar filas condenando crímenes, pero las autoridades deben hacer algo más, están obligadas a hacerlo: encontrar a los responsables y que no prevalezca la impunidad en todos los casos.
Sólo así se podrá detener esta perversa amenaza contra la cada vez más frágil democracia mexicana y salvaguardar un principio básico de toda sociedad civilizada: que la información llegue a las y los ciudadanos, enfatizó Juárez Piña.
Por su parte y también ene el marco del Día de la Libertad de Expresión, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), expresó a través de un comunicado su preocupación por las 105 agresiones contra trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación registradas en lo que va del año, cinco de las cuales derivaron en asesinatos: dos en Durango, dos en Guerrero y uno en Veracruz.
Y reiteró su llamado al Estado para que cumpla con su obligación de garantizar y vigilar el ejercicio de la libertad expresión, así como establecer los mecanismos necesarios para que predomine la pluralidad informativa con la finalidad de fortalecer el diálogo y la comunicación para una sociedad democrática, participativa e incluyente.
En México la participación de las mujeres en los medios de comunicación se ha venido aumentando, según ANUIES, en algunas entidades de la República Mexicana, representan cerca de una cuarta parte del total del personal, sin embargo, este aumento no se ha visto reflejado en los puestos de toma de decisiones.
Sucede así en de los medios de comunicación radiofónica, en donde la participación femenina alcanza el 25 por ciento del total, a pesar de ello en los cargos de dirección, donde se realiza la toma de decisiones, apenas representan el 12.2 por ciento, donde destacan los casos de las directoras de Radio Educación, Virginia Bello, y del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Ana Cecilia Terrazas.
09/GTR/GG
