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Mujeres en prisión preventiva, más vulnerables a la tortura: ONU

Por la Redacción
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Las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad, según el reciente informe del relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan E. Méndez.
 
Mientras están en detención preventiva, las mujeres corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que agentes del Estado pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de coacción o para obtener confesiones, de acuerdo con el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en enero pasado.
 
Las mujeres representan entre 2 y 9 por ciento de la población reclusa en 80 por ciento de los sistemas penitenciarios del mundo, a lo que se suma que la mayoría de las detenidas no tienen antecedentes penales y se sospecha o se les acusa de cometer algún delito no violento (relacionado con las drogas o la propiedad).
 
En México, por ejemplo, la organización civil Equis, Justicia para las Mujeres revisó la situación de las mujeres reclusas y encontró que en las cárceles mexicanas hay 16 mil 746 mujeres; de ellas, 12 por ciento, es decir 2 mil 13, son acusadas de delitos contra la salud.
 
A pesar de no tener antecedentes penales, las mujeres son automáticamente enviadas a prisión preventiva. El relator Juan E. Méndez encontró que en muchos países el número de mujeres en prisión preventiva es equivalente o mayor que el número de reclusas condenadas, lo que significa que permanecen sin condena durante periodos extremadamente prolongados.
 
Con frecuencia, las mujeres que se encuentran en lugares de detención preventiva, que no están construidos ni son gestionados con perspectiva de género, no tienen acceso a atención médica especializada ni a educación o formación profesional.
 
En el caso de las mujeres, ellas corren un riesgo mayor de sufrir agresiones y violencia sexual cuando son recluidas junto con presas condenadas y hombres, o cuando son vigiladas por guardias varones, se asienta en el informe.
 
En México, uno de los casos emblemáticos de tortura sexual ocurrió en mayo de 2006 cuando policías federales y estatales detuvieron a 26 mujeres que participaban en las movilizaciones sociales en defensa de la tierra en San Salvador Atenco, Estado de México. Once de ellas mantienen hasta ahora una denuncia por tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En 2014, las 11 denunciantes promovieron la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, para acompañar a otras mujeres sobrevivientes, algunas de ellas torturadas por fuerzas de seguridad para que se autoinculparan de delitos contra la salud.
 
Al hacer un recorrido por las condiciones que viven las mujeres en prisión, el relator de la ONU refirió que para las reclusas el aislamiento supone un nuevo trauma para aquellas que han sido maltratadas y tienen problemas de salud mental, y que muchas veces son sometidas a revisiones corporales invasivas y sin ropa.
 
Durante las revisiones son frecuentes los tocamientos y manoseos inapropiados y equiparables al acoso sexual, práctica que según la información recopilada por la relatoría, tiene efectos desproporcionados en las mujeres, particularmente cuando las realizan guardias varones.
 
Por otra parte, la mayoría de las políticas y servicios médicos de las prisiones no han sido diseñados para satisfacer las necesidades de las mujeres, pues hace falta atención especializada, como el acceso a ginecólogos y obstetras; hay desatención médica y se niegan los medicamentos, en particular para enfermedades crónico-degenerativas.
 
Una condición más de vulnerabilidad es la maternidad. Hay estudios que indican que hasta 80 por ciento de las reclusas son madres. Muchas son madres solteras o son las principales responsables del cuidado de sus hijas e hijos, pero el contacto entre las reclusas y su descendencia es difícil pues las cárceles de mujeres están en lugares apartados.
 
El relator Juan E. Méndez recomendó a los países derogar todas las leyes que favorezcan la opresión de las mujeres, como aquellas que no contemplan la violación conyugal en el delito de violación sexual, o las que prevén el perdón para los violadores, y las normas que tipifican el adulterio como un delito.
 
También llamó a las autoridades judiciales utilizar la prisión preventiva como último recurso, garantizar el derecho a la asistencia de un abogado, y que los países revisen leyes, procedimientos penales y prácticas judiciales para que en las sentencias se tome en cuenta la condición social de las mujeres.
 
16/AGM/RMB

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