Contraviniendo recomendaciones internacionales, como las del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano y la administración de Felipe Calderón ha militarizado la seguridad pública «justificando» una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, donde los grupos más afectados por los militares han sido las mujeres, indígenas y migrantes.
Así lo denunciaron hoy organizaciones civiles mexicanas defensoras de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 133 periodo de audiencias que se realiza en Washington DC, quienes presentaron a esta instancia el informe titulado Impactos de las políticas de seguridad pública en los derechos humanos.
En conferencia de prensa alterna a la audiencia que se realiza en la CIDH, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), una de las ONG peticionaria de la audiencia de hoy, dijo que en reiteradas ocasiones la CIDH ha manifestado que «los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos».
No obstante, enfatizó, Calderón continúa utilizando al Ejército mexicano para contener los movimientos sociales, lo que se ha traducido en violaciones sexuales contra las mujeres, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y desaparición forzada.
Del 2007 al primer semestre de este año, precisó, el Prodh hadocumentado 50 casos de abusos por parte de militares en diferentes estados de la República, la mayoría, dijo, contra mujeres, comunidades indígenas y migrantes.
Por ello, el Prodh, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Red Nacional de organismos civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, manifestaron hoy ante la CIDH su preocupación por la política de seguridad implementada por Calderón.
Política que, sostuvieron, ha violentado los derechos humanos, el derecho a la justicia imparcial, pronta y expedita de las víctimas quienes no tienen acceso a la justicia ni militar ni civil, ya que los casos son llevados al fuero militar en donde se ha documentado y demostrado, dijeron, prevalece la impunidad.
La participación de 45 mil militares en tareas de seguridad pública, denunciaron las ONG, «no ha logrado frenar los índices de violencia» que continúan en ascenso.
En lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de 983 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la CNDH tampoco ha hecho una recomendación seria que exija el retiro de las fuerzas militares de tareas de seguridad pública.
Asimismo, se han incrementado los ataques como las amenazas y hostigamiento contra periodistas que cubren temas de seguridad y narcotráfico. En Chihuahua, señalaron a la CIDH las ONG, desde que entró en vigor el operativo contra la delincuencia organizada, los periodista han sido amedrentados por militares.
Las organizaciones peticionarias de la audiencia solicitaron a la CIDH una visita in loco (en el lugar) a Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán por ser de las zonas más afectadas por la guerra contra el crimen organizado.
Que solicite informes al Estado mexicano sobre el proceso que guardan las investigaciones que se encuentran en el fuero militar y del seguimiento que han tenido, así como las sanciones que ha habido a quienes incurrieron en violaciones a derechos humanos.
Asimismo, que la CIDH dé celeridad a los casos que tiene documentados, entre los que se encuentran los de Valentina e Inés, indígenas violadas por militares en 2002, el de Rodolfo Montiel, y Miguel Orlando Muñoz.
Actualmente la CIDH tiene en sus manos el caso de 11 mujeres violadas por policías de los tres niveles de gobierno durante los operativos de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, mismo que aún está en espera de ser aceptado por la Comisión.
Pidieron también que se sume a la preocupación de las ONG el hecho de que la lucha contra el crimen organizado impuesta por Felipe Calderón carece de una visión de protección a los derechos humanos y que emita recomendaciones al respecto.
08/LGL/GG
