Teresa Bautista Merino, Felícitas Martínez Sánchez, Ana Lilia Pérez Mendoza y Lydia Cacho son los nombres más conocidos de mujeres periodistas que han sido agredidas por su trabajo informativo.
Ellas fueron víctimas de lo que organismos internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, o nacionales como Cencos, han descrito como los patrones más comunes de agresiones a periodistas en el país: desde ataques a las instalaciones de sus medios, amenazas, demandas y allanamientos, hasta asesinatos.
Teresa y Felícitas, comunicadoras triquis de la radiodifusora comunitaria La Voz que rompe el silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fueron asesinadas el 7 de abril de 2007 en una emboscada.
Las reporteras habían sido amenazadas de muerte, en la entidad que ocupa el segundo lugar más riesgoso del país para ejercer esta profesión, después de Chihuahua, según el Informe «Periodismo bajo la violencia del narcotráfico 2008, Libertad de Expresión», del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET). .
«Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber… deberían saber que somos muy jóvenes para morir…» grabaron en la radio Felícitas y Teresa, días antes de su asesinato.
Jorge Albino, coordinador de la radio, advirtió que las familias de las reporteras recibieron «amenazas» y que la agresión provino del Gobierno federal, que se opone a los proyectos de radio comunitaria, y del estatal que rechaza el proyecto del municipio autónomo, porque «más adelante la gente tomará conciencia, podrá decidir por su cuenta».
NO ROBÉ, NO MATÉ
Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de la revista Contralínea desde hace 10 años, se vio obligada a esconderse hace unos días, ante las agresiones y amenazas que ha sido objeto desde hace dos años por informar sobre los negocios millonarios de funcionarios y de empresarios como la familia Zaragoza, dueños del consorcio denominado Zeta Gas, quienes la demandaron por daño moral, al igual que al director de la publicación, Miguel Badillo.
Ella hizo también públicos los contratos que Juan Camilo Mouriño, extinto secretario de Gobernación, firmó entre 2001 y 2004, en su dualidad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex Refinación. Su investigación, respaldada con copias de los contratos multimillonarios, se publicó en febrero de 2008.
La detención del director de la revista, el pasado 16 de enero, hizo que organizaciones defensoras de la libertad de expresión apoyaran a Ana Lilia, pues sobre ella pesaba también orden de aprehensión.
«Es el costo que he pagado por revelar los contratos que firmó en Pemex Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República», dijo la periodista desde su refugio.
«No maté, no robé, no violenté ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente». He investigado, dice, porque es derecho de todas las mexicanas y mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos».
A la semana siguiente, la periodista logró un amparo para evitar su detención, pero no por ello se disiparon las amenazas de muerte. La CDHDF hizo pública su preocupación por el latente peligro que enfrenta.
En contraste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió desde el pasado 12 de septiembre la queja formal por parte de Pérez Mendoza y Badillo, nada respondió. También al margen se mantiene la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.
CASO INCONCLUSO
El caso de Lydia Cacho ha encontrado resonancia en el país y en el extranjero; no por ello ha encontrado justicia. Ella denunció la existencia de una red de pederastas en donde estaban también involucradas autoridades del Estado mexicano.
Lo publicó en Los Demonios del Edén y por ello fue detenida, torturada y acusada de difamación por uno de los protagonistas de su libro, el empresario Kamel Nacif, señalado por la periodista como líder de la red de pederastas.
Fue detenida en Quintana Roo en 2005, de donde la trasladaron vía terrestre a Puebla, por orden del gobierno de Mario Marín. Durante el camino fue víctima de tortura, pero una llamada telefónica y la solidaridad de las mujeres periodistas impidieron que perdiera la vida. Sin embargo, estuvo presa durante 30 horas y enfrenta aún un complicado e irregular proceso.
Su caso llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, quien determinó, al año siguiente, que no hubo violación grave a sus garantías individuales. Cacho denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y ante otras instancias, pero no ha tenido respuesta favorable. En cambio, ha sufrido más agresiones, como el atentado de mayo de 2007, cuando a su camioneta le aflojaron los birlos.
PREMIOS Y DEUDAS
Todas las periodistas mencionadas han recibido premios por su trabajo informativo. Teresa y Felícitas recibieron, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo 2007; Ana Lilia Pérez fue reconocida recientemente con el Premio del Club de Periodistas de México, y Lydia Cacho ha recibido gran cantidad de reconocimientos nacionales y, sobre todo, internacionales.
Sin embargo, la sociedad mexicana tiene una deuda con todas ellas, que fueron y son aún víctimas de la violación a sus derechos fundamentales, expresa Lucía Lagunes, directora de CIMAC: falta una política de protección a los derechos humanos que contemple las agresiones contra la libertad de expresión.
No sólo el Estado ha faltado a esta obligación, el Gobierno actual federal ha mostrado verdadero desinterés por contar con acciones efectivas y sigue en el escenario de lo mediático, advierte la periodista.
09/GG
