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Mujeres salvadoreñas en la granja-prisión de Izalco

Por Edgardo Ayala*
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Doris Zabala se acurruca sudorosa en medio de un sembradío de rábanos mientras arranca los tubérculos del suelo, una actividad que la mantiene activa y alejada del ocio y el desaliento que persistente en muchas cárceles de El Salvador.
 
“La cosecha ha estado bonita, rábanos bien rojos y grandes”, enfatiza en diálogo con Cimacnoticias/IPS, Zabala, una de las 210 internas del Centro Penitenciario para Mujeres Granja Izalco, ubicada en el municipio con ese nombre, en el occidental departamento de Sonsonate.
 
La granja-prisión es exclusiva para mujeres en fase de confianza, cuando se les permite visitar a sus familias los fines de semana.
 
De las 210 convictas, 80 se dedican a actividades agrícolas, el resto ocupa su tiempo en otras áreas, como en cocina o en el cuidado de hijas e hijos de las internas.
 
En las 26 hectáreas de terreno, las presas utilizan técnicas agroecológicas para producir, además de rábanos, ajonjolí, tomate, maíz y papaya, entre otros. También comenzó a funcionar una pequeña granja de pollos y se espera que pronto le siga una de tilapias.
 
“En mi casa hay terreno para sembrar, así que, al salir libre, pretendo continuar produciendo porque me gusta”, comentó Cecilia Méndez, de 32 años de edad, seis de los cuales los pasó dentro del reclusorio. Le faltan ocho meses para obtener su libertad, contó a Cimacnoticias/IPS.
 
La granja se inauguró en enero de 2011 como parte de los esfuerzos gubernamentales por ofrecer alternativas ocupacionales en las sobrepobladas cárceles salvadoreñas y, de ese modo, superar poco a poco el ocio, el hacinamiento y el crimen que reina desde hace décadas.
 
Con capacidad para a ocho mil 100 reos, los 21 reclusorios de ese país cuadruplicaron su población y llegaron a albergar 32 mil 300 personas presas, según cifras oficiales.
 
Por el hacinamiento y la precariedad, las cárceles salvadoreñas “dejan al descubierto la enorme crisis humanitaria que enfrenta el sistema penitenciario”, señaló el informe “El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones”, publicado en noviembre de 2015 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), bajo los auspicios de la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
 
La granja de Izalco es parte del programa gubernamental “Yo Cambio”, oficializado en diciembre de 2014 para intentar cambiar, junto a otras medidas, esa realidad.
 
Se trata de brindar ocupaciones que ayuden a las y los reos a superar la inactividad y a capacitarlas para que se inserten en la sociedad con mejores destrezas, una vez cumplidas sus penas. También hay proyectos específicos para ampliar y construir nuevos reclusorios y mermar el hacinamiento.
 
“Todos piensan que no hacemos nada, que pasamos pensando cosas que no debemos, pero en realidad pasamos ocupadas”, acotó Méndez, mientras caminaba entre un sembradío de cebollines.
 
El uso de técnicas agrícolas amigables con el ambiente, como la fertilización con abonos orgánicos, es clave en el proceso.
 
“Se trata de enseñarles nuevas prácticas a las privadas de libertad”, explicó a Cimacnoticias/IPS el administrador de la granja, Óscar Menéndez.
 
“Al que le gusta trabajar, aquí se mantiene ocupado”, opinó María Cristina Vásquez, de 53 años, encargada del cultivo de papayas y del pequeño corral con 100 polluelos que llegaron hace poco y que ella cuida con dedicación.
 
La producción de la granja es para consumo interno y el resto se distribuye entre los otros centros penales del país.
 
El 22 de diciembre, el gobierno de El Salvador suscribió un contrato por 4.2 millones de dólares con una empresa constructora para readecuar la infraestructura en Izalco (municipio), y de ese modo ofrecer mejores condiciones.
 
Otra granja similar, de 50 manzanas de extensión, se localiza en las inmediaciones de la ciudad de Santa Ana, en el departamento de mismo nombre, en el occidente del país.
 
Pero el programa no se limita sólo a granjas, ya que incluye otras actividades laborales, en otros reclusorios, como carpintería y zapatería.  El programa se completa con otras actividades como deporte, educación, salud, religión y arte y cultura.
 
Pero no todas las personas encarceladas gozan de esas ventajas.
 
De los 32 mil 300 presos del sistema carcelario (entre mujeres y hombres), solo un tercio cuentan con los beneficios del proyecto, en 12 reclusorios a nivel nacional, informó Orlando Elías Molina, subdirector de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), al ser consultado por IPS.
 
En la principal cárcel del país, La Esperanza, localizada al norte de San Salvador, las autoridades intentaron a mediados de 2015 iniciar algunas actividades del programa, pero las bandas criminales que controlan el recinto frustraron el esfuerzo, agregó.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
15/EA/GGQ

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