En el municipio de Chilón, más de mil mujeres tzeltales y mestizas denunciaron en días pasados la falta de acceso a la justicia, concretamente señalaron incapacidad e indiferencia de los ministerios públicos en la atención de múltiples casos de violaciones a los derechos humanos contra niñas y mujeres.
Las mujeres, provenientes de los municipios de Chilón y Yajalón manifestaron su desacuerdo por el incremento de cantinas y prostitución infantil lo cual, consideraron, pone en alto riesgo a las mujeres, principalmente indígenas, quienes son obligadas a prostituirse y sufren todo tipo de violencia.
Por esta razón la Red de Mujeres por la Igualdad solicitó a las autoridades competentes –en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, celebrado el mes pasado– realizar una investigación exhaustiva, combatir la impunidad, evitar más violaciones y muertes violentas de mujeres, y aplicar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres aprobada por el Congreso de Chiapas el pasado mes de agosto.
Asimismo, pidieron se investigue la actuación de los fiscales del ministerio público en Bachajón, Jorge López Pérez y Sergio Ruiz de la Cruz, a quienes las mujeres tzeltales señalan reiteradamente como omisos en su labor.
Las mujeres de la Red, participantes en el evento, consideraron que pese a sus vacíos, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas debe ser el marco para la erradicación de la violencia, por lo que exigieron su inmediata aplicación en los tres niveles de gobierno.
QUE ARMONICE CON LEY GENERAL
En este sentido, Raquel Delgadillo, integrante de la Red, se pronunció porque la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas incorpore los elementos básicos de la Ley General que no fueron considerados en el ordenamiento local.
La activista destacó, entre ellas, las órdenes precautorias; contar con instrumentos para dar seguimiento y evaluar las acciones de prevención y atención de la violencia de género; integración de equipos de investigación jurídica con participación de los tres niveles de gobierno; la definición específica de recursos suficientes y la definición de responsabilidad institucional para declarar la Alerta de género.
Por otra parte, exhortó a las instituciones responsables de formular el Programa Integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a definir las líneas estratégicas para prevenir y atender la problemática de violencia de género, así como emitir en tiempo y forma el Reglamento correspondiente a la Ley estatal.
07/SHA/GG/CV
