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Murió un niño al caer al Río Santiago, contaminado con arsénico

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Organizaciones ambientalistas denunciaron hoy la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, de 12 años, originario del Salto, Jalisco, quien se intoxicó al caer al río Santiago, el cual tiene una concentración de arsénico de más de 400 por ciento, por arriba del máximo permisible, de acuerdo con un dictamen de la Secretaría de Salud del estado, informó Pedro León Corral del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

En conferencia de prensa, León Corral señaló que la Profepa ha sido un “observador pasivo” ante la tragedia del niño Miguel Ángel. Es “una vergüenza que a más de 5 años de recibir denuncias populares y el dictamen de la Secretaría de Salud estatal, donde se advierte que el río Santiago “se encuentra fuertemente contaminado con la presencia de arsénico, plomo, zinc, cadmio, cromo, mercurio, manganeso, níquel, aluminio, plaguicidas”, entre otros, la instancia a cargo de la procuración ambiental en el país “no haya hecho nada”.

Pedro León lamentó que “las autoridades municipales, estatales y federales intenten exculpar a todas las instancias involucradas (Profepa, Semarnat y Conagua), argumentando que Miguel Ángel se encontraba bajo el efecto de las drogas cuando cayó al río, y aseguren que ésta es la causa de su fallecimiento” sin ningún dictamen, “de manera temeraria”, aseguró.

Al respecto, Gerardo Sauri, integrante de la Red por los derechos de la infancia, coalición de más de 60 organizaciones que trabajan por los derechos de las y los niños en distintas entidades del país, considera grave la acusación del uso de drogas por parte del menor, pues con ello, dijo, “se anteponen los intereses de Miguel Ángel y su comunidad por encima de los de las industrias”.

De igual forma, el activista denunció que “Miguel Ángel tenía derecho a un ambiente sano”, así como todas las niñas y niños su comunidad ya que esta garantía está establecida en el Artículo 24 de la Convención de los derechos del niño, y en la Ley de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel federal y en Jalisco.

Sauri concluyó que estos intentos de “ocultar y de desviar la atención del verdadero problema que es incumplimientos de las autoridades a nivel municipal, del gobierno del estado y federal con sus acuerdos y compromisos de garantizar un ambiente sano a niñas y niños”.

DENUNCIAS

A pesar de 5 años de denuncias, el Gobierno federal insiste, desde la anterior legislatura, en construir la Presa Arcediano este 2008, la cual abastecería de agua del río Santiago a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, en la entidad, manifestó Pedro León.

Pedro León señaló el incumplimiento de las leyes ambientales en el caso de la Presa Arcediano, por parte de las autoridades federales competentes, pues, dijo, es una obra prohibida desde 1947 ya que es un área protegida, donde no está permitido derribar árboles y hacer uso del suelo.

Al respecto, la Semarnat mantiene congelado el expediente que promovió la activista Guadalupe Lara en el juicio de revisión contra la autorización de la evaluación realizada sobre impacto ambiental. Y luego de 6 meses de que se entrevistara con Rafael Elvira Quesada, titular de Semarnat, éste no ha dado respuesta para revocar la autorización del 2003 y tampoco ha realizado ningún pronunciamiento el problema de contaminación en el río Santiago, informó León Corral.

CONAGUA, OMISA

Asimismo, Pedro León señaló a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como “responsable por omisión de la contaminación registrada en el río Santiago”, al ser la instancia a cargo de vigilar que no se descarguen residuos químicos en los ríos.

El ambientalista informó que Conagua ha dicho de manera “extraoficial” que “estaría de acuerdo con la declaratoria que se le hizo llegar hace más de dos años”, la cual consiste en declarar la zona del río Santiago de emergencia sanitaria y de restauración ambiental.

La conferencia fue convocada por las organizaciones no gubernamentales: Por una cultura ciudadana de protección a los derechos humanos, Instituto de Derecho Ambiental, Fundación Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.

08/GCJ/GG

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