Las mujeres indígenas tienen destinos desiertos. Nada que producir en la tierra, nada que cultivar en el alma. Rubelia y Lorenza están llenas de desesperanza. A pesar de que las dos nacieron en Malpaso, Chiapas, no se conocían, fue la cárcel tabasqueña su punto de reunión.
Ellas son dos de las 20 chiapanecas presas por delitos contra la salud en el penal de Villahermosa, la capital tabasqueña, 1074 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Sus destinos parecen haber sido escritos con la misma intención, pero en tiempos distintos. Rubelia Hernández Solís tiene dos años presa, Lorenza lleva ocho.
Las dos viajaban a Tabasco en autobús cuando fueron detenidas, porque junto a ellas los policías judiciales descubrieron cargamentos de droga. Ni Rubelia ni Lorenza fueron escuchadas, es más dicen las dos «no nos entendían, los bultos no eran nuestros, ahí estaban pero no eran nuestros».
En entrevistas por separado las dos tienen hoy la misma ilusión y esta vez esperan ser escuchadas. Rubelia y Lorenza, quieren que las lleven al penal de Cerro Hueco, en Chiapas. Hace un año que las dos realizaron los trámites ante el Instituto Nacional Indigenista, (INI), pero todavía no tienen ninguna respuesta.
«Lo que queremos es estar cerca de nuestros hijos», los hijos que se quedaron lejos de ellas. Rubelia tiene 30 años y cinco hijos, están con su suegra y el más pequeño nació en la cárcel, porque tenía dos meses de embarazo cuando fue acusada por delitos contra la salud.
«Pero yo no hice nada», recalca una y otra vez. Al esposo ni lo menciona, no sabe nada de él, nadie la visita, está muy lejos de su casa.
Mi problema es que no hablo bien –castellano- entonces nadie me entendió y pues no me defendí bien, creo que por eso me echaron la culpa, pero yo sé que no cometí ningún delito, por eso no estoy conforme, por eso «tan siquiera que me den mi traslado a Cerro Hueco», dice la pequeña mujer indígena que para vivir hace tortillas en el penal.
Lorenza Hernández Ruiz ha cumplido ocho años detenida por un delito que dice no cometió. «Ya entré para ocho años, dejé a mis niños, mis niñas, están en mi tierra con mi hija y mi nuera, pero sufren, sufren, están chicos, a una mi niña la dejé de un año, yo estoy sufriendo, por eso quiero que me echen la mano».
Lorenza, como Rubelia, señala que a ella la culparon injustamente, «no sabía castilla, yo hablo tzotzil, aquí no tengo a nadie, son ocho años de estar lejos y sola, por eso quiero estar en Chiapas, que me lleven allá, para estar junto a mis hijos, a mi nena chiquita… Nada asoma a su rostro, los años la han dejado sin lágrimas, su última esperanza fue entregada hace un año, cuando le dieron al INI los papeles para ver su traslado, pero no sabe nada todavía…
SOY INOCENTE…
Rosa Hernández Reyes nació Macuspana, Tabasco, tiene 45 años de vida y quizá 60 en apariencia. Su rostro se encuentra cansado, como su cuerpo enfermo de diabetes. Tiene apenas 15 días de encierro y casi 400 horas de llorar.
Mire madre, relata con lágrimas en los ojos, yo vendo discos compactos, pero tengo facturas que amparan que no son piratas, pero aún así me trajeron, me detuvieron injustamente, dicen los de la AFI (Agencia Federal de Investigación) que yo tengo bodegas… pero cómo madre, cómo va a ser si apenas puedo y compro, que 500, que mil pesos en la discoteca Tere de aquí de Villahermosa.
Pero nada, nada ha valido, ni las facturas ni el testimonio de la señora Tere, no es justo lo que están haciendo …ante los ojos de Cristo, de verdad, yo no tengo para almacenar porque iba comprando de a 500, mil pesos, como podía iba comprando. Sebastiana, Rubelia, Lorenza y Rosa entretejen sus historias de injusticia. Cuentan los años, los meses, los días, las horas… cada minuto y cada segundo detenido en un mal sueño, en pesadillas.
LAS CIFRAS DEL NARCOTRÁFICO
Cuentan y cuentan sin que nadie las escuche. Son mujeres indígenas, son vidas humanas que se convierten en estadísticas, en las cifras (negras) del combate al narcotráfico, en la cuota que el Estado mexicano entrega al imperialismo para la certificación, como señaló a Cimacnoticias la investigadora Concepción Núñez Miranda.
En entrevista Núñez explicó que si las autoridades quieren impartir justicia y no «injusticia» como hasta ahora ha sucedido con esas mujeres presas, sería necesario revisar cada uno de sus expedientes, que reciban juicios dignos, «que no sean sólo chivos expiatorios para justificar el combate al narcotráfico».
2003/SJ/MEL
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