Hostigamiento, abusos, maltratos, masacres, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas son algunas de las consecuencias que ha traído consigo la militarización en Guerrero, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, en el contexto del Día del Ejército Mexicano que el gobierno conmemoró ayer 19 de febrero, desde hace 58 años.
Indicó –de acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan– que por ser esta institución la que ha cometido las «más graves violaciones a derechos humanos» contra pueblos y comunidades indígenas, «se hace necesario evaluar el papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se le han dado para combatir al narcotráfico».
Desde los años 70, el Ejército ha tenido una fuerte y constante presencia en La Montaña, Costa Chica y Costa Grande -tres de las siete regiones que integran el estado-, a través de campamentos que instalan en las orillas o entradas principales de las comunidades, y con retenes de revisión que colocan sobre los caminos y carreteras, señaló Barrera Hernández.
La incursión militar en Guerrero se ha caracterizado siempre por su alto grado de violencia, sobre todo contra la población civil. Por ejemplo a finales de los 60, durante el gobierno de Raúl Caballero Aburto, los soldados masacraron a ciudadanos que se solidarizaban con maestros y estudiantes universitarios que peleaban por la autonomía.
Luego en los años 70, con la guerra sucia, el Ejército se dedicó a perseguir, detener y desaparecer a indígenas y campesinos a quienes vinculaban con la guerrilla. En los 90, militares masacraron a indígenas na savi (mixtecos) que se encontraban en una escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres; y en 2002 un grupo de soldados violaron tumultuariamente a dos indígenas de Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
A esta historia se suman una serie de acciones hostiles que el Ejército ha asumido contra indígenas que se organizan para defender sus derechos humanos, como es le caso de la indígena, Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa de Ayutla de los Libres, quien ha estado recibiendo amenazas de personas vinculadas con el Ejército.
También los pueblos, como tales, sufren represiones, ejemplo de ello es lo ocurrido en el pueblo nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, donde el Ejército no sólo instaló retenes e interrogó a vecinos que transitaban por las carreteras, sino que asentó un campamento y bajaron armados a la comunidad. En Juanacatlán municipio de Metlatónoc, uno de los más pobres de México según las Naciones Unidas, también irrumpieron en el mes de agosto y encañonaron a los pobladores cuando pretendían detener a un menor de edad.
Como estos casos se han registrado otros más, en las regiones más pobres de Guerrero: Tan sólo de 1997 al 2001, Tlachinollan documentó 70 casos de violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en territorios indígenas de Guerrero, no obstante muchos casos han quedado en el silencio y sin justicia.
RECOMENDACIONES DE LA CNDH
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones al Ejército Mexicano: Una es la recomendación 20/2000 por casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales que cometió contra ciudadanos que fueron señalados como presuntos miembros de grupos armados después de la masacre de El Charco ocurrida el 7 de junio de 1998.
Otra recomendación es la 48/2003 que emitió ese mismo organismo, por el caso de la indígena me´phaa (tlapaneca) de Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega que fue violada sexualmente por soldados del Ejército en 2002. En ambos casos ha habido impunidad y ninguno de los responsables ha sido castigado.
Barrera Hernández lamentó que la historia oficial no cite estos acontecimientos y criticó que el Comandante de la Novena Región Militar, general Sergio Magaña Mier, haya declarado ante reporteros que el Ejército no viola los derechos humanos y que los soldados entran a los pueblos sólo como parte de las campañas antidrogas.
MÁS MILITARES EN SEXENIOS PANISTAS
Destacó Barrera Hernández que con esta nueva política del control de drogas que se ha implantado en México, «es reprobable que no sólo se estén ampliando las funciones al Ejército para suplir a las corporaciones policíacas», sino que se incremente también el número de elementos.
Citó que esto es evidente con las mismas cifras que maneja el Gobierno federal cuando da a conocer que de los 19 mil 781 soldados que al principio participaban en las acciones de gobierno del presidente de la República, Vicente Fox, al final se incrementaron a 37 mil 253 militares y 14 mil 14 marinos.
Mencionó que con Felipe Calderón esa importancia al Ejército ha prevalecido, pues para su primer semestre de gobierno ordenó que se incrementara un 20.5 por ciento el número de militares y un 40.7 por ciento los marinos que estaban adscritos a los operativos y programas de «vigilancia» y que explícitamente se incluyera como «propósito» la «prevención y disuasión».
Barrera Hernández sostuvo que cuando el gobierno conmemora el Día del Ejército, éste «tiene que entender que la política de control de drogas corresponde a las autoridades civiles, pues es preocupante que en este proceso de transición a la democracia en lugar de fortalecer la participación de la sociedad en los asuntos de seguridad pública, así como en la promoción de los derechos humanos, el Ejecutivo Federal esté echando mano del Ejército, para apuntalar su administración y de este modo legitimar un gobierno que surgió en medio de una crisis electoral».
Agregó que «lo más grave es que en está participación del Ejército en el combate a las drogas no existen mecanismos de control, ni formas eficaces de fiscalización sobre la actuación que tienen las fuerzas armadas cuando entran en acción y ponen en riesgo los derechos humanos de la población».
08/GG
