El modelo neoliberal impuesto en Latinoamérica, que convierte la salud en una mercancía y se elimina como un derecho, deja a las mujeres con menos posibilidades para pagar los servicios privados de salud, por no tener trabajos bien remunerados y porque tienen menos acceso a empleos formales, sostuvo la doctora María de los Ángeles Garduño Andrade, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
Al participar en la mesa redonda La salud como derecho humano fundamental, dentro de las actividades que realiza aquí la Universidad Itinerante, la docente apuntó que es necesario «defender las instituciones a toda costa», así como el derecho a la salud para que no se convierta en un «servicio de compraventa».
En la mesa redonda, moderada por la directora del Programa Universitario de Estudios de Género ?PUEG-, Marisa Belausteguigoitia, Garduño recordó también que para las empresas que venden la salud, las necesidades de atención médica relacionadas con la reproducción son las más onerosas, lo que refuerza la desigualdad de género, pues no sólo son excluidas de los servicios al igual que la población adulta mayor, también se les asigna el cuidado de la salud dentro de la casa, mientras que las aseguradoras captan a los trabajadores jóvenes sanos y con mayores niveles de ingresos.
Sin embargo, en México, continúo la académica, estamos en un momento muy importante para preservar la autonomía relativa de las instituciones de salud, luego de que no se ha impuesto totalmente el modelo neoliberal a diferencia de otras naciones de América Latina.
En su ponencia, Garduño Andrade explicó que el riesgo de perder el derecho a la salud como resultado de la imposición de un modelo económico neoliberal, que elimina el Estado de Bienestar, situación que se presenta ya en algunos países de América Latina, donde se plantea el aseguramiento privado de la salud en función de un pago, en beneficio de las aseguradoras.
La maestra en Medicina Social, coincidió con la investigadora del IPAS, Blanca Rico, en el sentido de que el derecho a la salud va más allá de la atención a las personas, y agregó que «la salud no sólo es no tener enfermedad? quizá podamos definirla como la posibilidad de las personas para tener el control sobre su vida».
De igual forma, citó que en México, se impulsan medidas que remedian el hecho de que algunos no pueden pagar este tipo de atención, a través del Seguro Popular, donde «lo que está detrás es una ideología de compraventa» y señaló que el 96 por ciento de las personas inscritas en este servicio no pagan su seguro, por lo que «no se trata de una salida real».
Garduño Andrade indicó que esta privatización del derecho a la salud, impuesta por Estados Unidos que responde a políticas públicas de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, se refleja en un continuo recorte del gasto gubernamental.
La experta sostuvo que «si se pudiera ver más allá del ingreso y analizar la pobreza, encontraríamos en los países de AL lo que está sucediendo es que se está yendo en contra de la calidad de la vida de algunos grupos sociales, se está polarizando profundamente a la población, la capacidad para reproducirse esta decayendo, a pesar de que algunos indicadores argumentan que se está mejorando la salud».
Por otra parte, la investigadora de IPAS, Blanca Rico, quien presentó la ponencia Salud y Derechos Humanos, refirió que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es utópica, pues se estima que sólo entre el 10 y el 25 por ciento de la población mundial se encuentra sana.
La maestra en Ciencias Biomédicas dijo que el mejor indicador en salud de una población es la expectativa de vida, renglón «en el que Japón se llevaría la medalla de oro», mientras que Estados Unidos ocupó en 2006 el lugar número 30 y Cuba el lugar 29, en la misma escala. Se explica así el hecho de que no es Cuba quien violenta los derechos humanos de sus pobladores.
Lo anterior, expuso está relacionado con los determinantes sociales, como las inequidades, y citó de nueva cuenta el caso del «país más anti derechos humanos» ?Estados Unidos- cuya brecha entre el que menos gana y el que más gana en una misma compañía «es brutal» y el género tiene un impacto importante que se ve entre las mujeres pobres y no pobres, donde las primeras mueren en mayor proporción.
La doctora Rico destacó que la salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales, lo que significa contar con vivienda, educación, agua limpia, educación y trabajo.
Rico, quien es investigadora de IPAS México, destacó que existen daños a la salud por violación a los derechos humanos, tales como la tortura, las prácticas tradicionales dañinas como los casamientos de niñas en algunos grupos étnicos y la violencia contra mujeres, niñas y niños.
Apuntó que en 2003, se presentaron 279 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, 68 por negligencia médica y, por instituciones, el IMSS y el ISSSTE sumaron 567 quejas, casi la misma cantidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por la Procuraduría General de la República.
Anunció que en la actualidad, IPAS realiza un proyecto de incorporación del marco de los derechos humanos en los currículos y programas de estudio de las escuelas y facultades de medicina y enfermería de América Latina: una estrategia para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud.
Durante su ponencia Sexualidad, Salud y Derechos Humanos, la profesora investigadora de la UAM Xochimilco, Ana Amuchástegui, recordó que la sexualidad siempre ha sido objeto de intervenciones sociales y cuestionó la idea del «derecho al placer», por no ser ésta justiciable, dijo.
La moralidad católica, añadió, admite solo la sexualidad reproductiva que se da dentro del matrimonio y considera indignas las prácticas no reproductivas como las homosexuales y tolera prácticas lesivas como el estupro que «es reparado» con el matrimonio.
La Universidad Itinerante, se realiza por primera vez en México y es un esfuerzo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, el PUEG, el Foro Nacional de Mujeres y Políticas Públicas, Equidad de Género, Salud Integral para la Mujer y Salud y Género, A.C.
06/SJ/GG
