La denominada Asociación Nacional Pro Derechos Humanos (ANPDH) patrocinada por la derecha católica y el Secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, interpuso una denuncia en contra de 9 mujeres, líderes destacadas del Movimiento de Mujeres de Nicaragua, a quienes señala como responsables de cometer «supuestos hechos delictivos».
En comunicado de prensa, las feministas nicaragüenses informaron que dicha denuncia fue hecha ante la Fiscalía General de la República, con la finalidad de que se proceda de inmediato, preparar la acusación y realizar un juicio rápido que garantice la condena de las nueve acusadas y con ello llevar a la cárcel a las mujeres, quienes en su mayoría son integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia.
La acusación por el delito de «encubrimiento y omisión del delito de violación y otros», se dirige concretamente en contra de Ana Maria Pizarro, integrante de la Coordinación Regional de la C28; Juanita Jiménez, hasta hace muy poco Responsable de Incidencia; Lorna Norori, sicóloga; Luisa Molina Arguello, vocera de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia; Martha Maria Blandón, del Foro Sexualidad, Maternidad y Derechos y de IPAS Centroamérica, y de Martha Munguía, directora del Centro de Mujeres Acción Ya.
También en contra de Mayra Sirias, actual vocera de la Red de Mujeres contra la Violencia e integrante de su Comisión Coordinadora; Violeta Delgado, ex secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres contra la Violencia, y Yamileth Mejia, ex responsable de Formación Política de la Red de Mujeres contra la Violencia.
Detrás de la acusación está el caso de Rosita, una niña de 9 años a quien en 2003 diversas organizaciones feministas apoyaron para que interrumpiera su embarazo producto de una violación. La Iglesia católica y la derecha, además de manifestarse en contra de la interrupción del embarazo, alegan que el verdadero responsable de la violación es otro diferente al que fue en principio señalado.
Así mismo, las luchadoras sociales a quienes la iglesia y la derecha nicaragüense intentan llevar a la cárcel, tuvieron en 1998 una destacada participación de apoyo en la denuncia de abuso sexual de Zoilamérica Narváez, contra su padrastro, el actual presidente de la República, Daniel Ortega.
Con esta decisión de acusarlas, orientada por la pareja presidencial (Ortega y su esposa Rosario Murillo), se estará dando cumplimiento a un acto de venganza política y de represión ante quienes respaldaron el derecho de Zoilamérica a la justicia.
También busca afectar la credibilidad de los espacios de mujeres que con valentía han denunciado siempre los delitos de violencia y los abusos sexuales de todas aquellas víctimas que han acudido a ellos en busca de ayuda.
«Este hecho no es más que una nueva acción de la escalada fundamentalista que enfrentamos las feministas en Nicaragua, por defender los derechos humanos de las mujeres activamente», enfatizan.
De la misma manera, las activistas nicaragüenses lanzaron un llamado a todas las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil a movilizarse contra este acto de persecución y terrorismo político del que están siendo objeto las activistas. Así como de defender sus derechos y su libertad, además de repudiar por todos los medios las acciones de la pareja presidencial y la Fiscalía General de la República.
Convocan a las mujeres de todas las organizaciones sociales del país e internacionales y en especial a todas las integrantes del movimiento latinoamericano de mujeres y feminista, que han denunciando histórica y permanentemente las arbitrariedades a las que son sometidas las mujeres que luchan por los derechos de todas.
Cabe destacar que la ANPDH, que interpuso la demanda en contra de las activistas, si bien cuenta con personalidad jurídica, se desconoce su sede y sus acciones, pero se sabe que es patrocinada por la derecha católica.
07/GT/GG/CV
