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Nicaragua: marchan contra nuevo reglamento de ley antiviolencia

Por Nelson Rodríguez, corresponsal
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Unas 400 personas del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra marcharon para protestar frente al Parlamento, por la reglamentación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (conocida como Ley 779), aprobada recientemente por el gobierno nicaragüense.
 
Sandra Ramos, coordinadora del Movimiento, dijo que el Estado no está escuchando a las mujeres. “La clase política que tiene doble moral no escucha a las mujeres pobres, porque son unos misóginos”, recalcó durante la manifestación.
 
Con la reglamentación de la Ley 779 el gobierno crea las Consejerías Familiares en los barrios, que serían las primeras instancias a los cuales tendría que acudir la mujer que es víctima de violencia, donde se encontrará con gente que no está preparada, dijo Ramos.
 
Pero la ministra de la Familia, Marcia Ramírez, defendió estas Consejerías Familiares que funcionarían como primera instancia informativa y de prevención, porque la idea es “fortalecer a las familias en sus valores y prevenir la violencia desde la familia y la comunidad”.
 
La ministra dijo que las parejas en todo caso tendrán la libertad de acudir a un segundo nivel institucional, que serían las Consejerías Familiares del Ministerio de la Familia o si prefieren pueden acudir directamente a las Comisarías de la Mujer, porque se trata de prevención no de imposición, insistió la funcionaria.
 
Pero los argumentos del gobierno no convencen al movimiento amplio de mujeres, ya que considera que con este reglamento se reforma la ley y es un atentado al espíritu con el que fue creada.
 
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), dijo que la verdadera pretensión del Estado es mutilar la ley, ya que con estas Consejerías Familiares quiere poner a gente no especializada a decidir sobre la vida de las mujeres, a controlar y a juzgar sobre asuntos que deben ser resueltos por las instituciones estatales.
 
Esta reforma es arbitraria, rompe con el marco jurídico porque en las leyes, tanto el Código Penal como la Ley 779, se establecen claramente las instancias a las que les compete conocer, prevenir y sancionar la violencia.
 
Por tanto, las organizaciones de mujeres adelantaron que presentarán una denuncia ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y otras instancias internacionales, pero además van seguir reclamando sus derechos en las calles, porque “aquí el presidente (Daniel Ortega) sólo escucha a los misóginos que están a su alrededor”, acusó Sandra Ramos.
 
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