El movimiento organizado de mujeres en Nicaragua demandó esta semana al gobierno de su país a ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).
Luego de un debate con diputadas de la Asamblea Nacional, la Red de Mujeres contra la Violencia (RMV), Puntos de Encuentro y el Movimiento «María Elena Cuadra» hicieron esta petición ya que para noviembre próximo el Estado de Nicaragua debe presentar su informe acerca del cumplimiento de la Cedaw en esta nación centroamericana.
Las diputadas que participaron en el encuentro fueron María Dolores Alemán, Yamileth Bonilla y Mónica Baltodano, además de Xanthis Suárez del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Al mismo tiempo, las tres organizaciones se manifestaron en pro de la despenalización del aborto terapéutico, informó el Nuevo Diario.
Con respecto a la necesidad de despenalizar el aborto terapéutico, la diputada, María Dolores Alemán dijo que ya existe una iniciativa de reforma al Código Penal para eliminar la referida restricción, y aclaró que «dentro de la bancada sandinista varios legisladores de ese partido están de acuerdo con la despenalización, pero que les tienen prohibido referirse al tema».
Mónica Baltodano aseguró que «ya hemos comenzado a avanzar en el Parlamento sobre este tema», en tanto que confirmó que ya se planteó la iniciativa de ley para remover la penalización del aborto terapéutico del Código Penal.
Por su parte, para la diputada Yamileth Bonilla «el gobierno obstaculiza el cumplimiento de los compromisos internacionales», como es el caso de la Cedaw, e hizo un llamado a todas las organizaciones de mujeres del país a cerrar filas y apoyar las acciones de diputadas en la Asamblea Nacional.
Respecto al compromiso de ratificar la Cedaw, según información de la prensa local, para estas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, no se puede hablar de avances.
«En relación con los derechos de las mujeres hemos tenido retroceso con la penalización del aborto terapéutico y la persecución a las mujeres», señaló Eva María Sanqui, de la RMV, al diario La Prensa.
Algo que era de esperarse ya que desde junio pasado, con el informe que el gobierno de Daniel Ortega presentó en Ginebra con relación al seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU), su representante anunció que no firmará el protocolo de la Cedaw.
El alegato presentado por Nicaragua, «de que no hay dinero para instalar instituciones que le den seguimiento a la Cedaw», no es justificable, afirmó Sanqui bajo el argumento de que el Estado no necesita recursos materiales para cumplir con lo establecido en esa convención, pues a su criterio instituciones ya establecidas en el país, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía, pueden hacerlo, aclaró al informativo.
En su opinión, la respuesta que dio el Gobierno no es ni suficiente ni es justificable.
«No puede ser que no se firme el protocolo de la Cedaw porque cause erogaciones tributarias. Los derechos de las mujeres no están ni deben ser en razón de dinero, nosotros hemos dado contribución suficiente a la economía del país, a la sociedad, para que realmente los derechos se puedan ver. Eso es falta de voluntad política que tiene este Gobierno con relación a promover los derechos de las mujeres».
Eva María Sanqui advirtió al diario La Prensa que de no firmar el Estado de Nicaragua el protocolo de la Cedaw, las mujeres son las que resultarán perjudicadas.
«Nosotras no tendríamos esa instancia internacional, para la denuncia de la violación a los derechos de las mujeres. Eso nos limita nada más a los tribunales nacionales y ya sabemos que, como tienen su sesgo partidario, tampoco hemos tenido acceso a la justicia», explicó
La Red de Mujeres contra la Violencia, y la organización Puntos de Encuentro, son promotoras en Nicaragua de la Campaña Regional por la Acción de la Justicia para las Mujeres en Centroamérica y México.
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