Una vez más el gobierno mexicano fue cuestionado por negar la visa a Alfredo Chun, integrante de la Coordinadora en Defensa de la Vida y la Naturaleza en la Cuenca del Río Guayas (Coordenagua), encargado de presentar el caso de la violación a los derechos humanos comunitarios de campesinos pobres en Ecuador en el Tribunal Latinoamericano (TLA) que sesiona desde ayer en esta capital.
Ante integrantes del jurado del TLA, Natalia Landivar, quien es originaria de Ecuador y quien trabaja para la FIAN Internacional (Food Frist Internacional an Action Network), organismo alemán, denunció que el gobierno mexicano negó la visa a Chun.
La joven economista citó que la actitud del gobierno mexicano es discriminatoria de parte de la Embajada de México en Ecuador y señaló que Chun es dirigente de unos cinco mil campesinos quienes habían respaldado que presentara el caso del río Guayas ante el TLA.
Dijo que Chun no pudo presentar una tarjeta de crédito ni un estado de cuenta que demostrara su solvencia económica, requisitos que solicitó la embajada mexicana y que son «prácticamente imposibles para el 70 por ciento de la población ecuatoriana por ser pobres».
Dijo que el señor Chagoya, de la embajada de México en Ecuador, señaló que «tenían instrucciones precisas para acreditar a las personas que desearan asistir al IV Foro Mundial del Agua, las cuales tendrían que estar acreditadas por la Comisión Nacional del Agua.
Natalia Landivar no descartó la posibilidad de que el propio gobierno ecuatoriano solicitara al de México que negara el permiso para Alfredo Chun, a quien considera como terrorista al igual que todas las personas que se oponen la construcción de una cuenca nueva en la región hidrográfica más importante del Pacífico Sur que afectaría a varias comunidades.
La activista comentó que a pesar de la riqueza natural de la zona de la cual dependían unos 10 millones de habitantes, se construyó la represa Daule-Periple como parte del proyecto de Propósito Múltiple «Jaime Roldós Aguilera» que regula el comportamiento del caudal de los ríos de la cuenca de Guayas hacia el mar, además de un embalse y una central hidroeléctrica.
Sin embargo, la obra está considerada por miles de campesinos como un crimen ecológico y humano, pues el embalse generó la inundación de 27 mil hectáreas de tierra y los afectados no fueron indemnizados.
Esto trajo consigo problemas de salud pública por la proliferación de maleza acuática y generación de vectores que provocan enfermedades como el paludismo, pero sobre todo el envenenamiento de sus aguas dulces.
Ahora los niños y niñas de Los Ángeles, una de las comunidades afectadas tienen que caminar hasta dos horas para obtener agua no contaminada para su consumo diario, en tanto que vecinas del lugar reportaron enfermedades de la piel provocadas por hongos.
El problema, aseguró ante el jurado del TLA es que ahora quieren iniciar un nuevo proyecto multipropósito Quevedo-Vinces que tiene el mismo propósito a pesar de que la Comisión para el Desarrollo del Río Guayas sostiene que no será así, señaló Landivar.
Dijo que si la primera represa afectó a unas 40 comunidades la nueva construcción podría afectar a 31 comunidades y desplazaría a cerca de mil 500 personas, algunas de ellas ya desplazadas por el primer proyecto de hace 15 años y que ahora todavía esperan ser indemnizadas.
La representante de FIAN Internacional recalcó que hay evidencias suficientes de violaciones a los derechos humanos y alimentarios de las comunidades, en tanto las autoridades no han cumplido con su obligación de garantizar esos derechos y omiten la solicitud de una auditoria desde 2003 que solicitaron los residentes de la zona para mitigar los efectos ambientales de esta infraestructura.
06/SJ/LR
