La Secretaría de Salud (SS) del gobierno del Estado negó haber cometido negligencia u omisión, en el caso de María la joven violada quien demandó la interrupción legal del embarazo, y puntualizó que dio cumplimiento a la fracción II del Articulo 316 del Código Penal Vigente en la entidad.
Luego de que las organizaciones no gubernamentales adscritas al Colectivo Huaxyacac informaran a la opinión pública las irregularidades cometidas por el personal del Hospital General «Dr. Aurelio Valdivieso» en el caso de «María», la SS emitió un comunicado.
Explicó que el derecho al aborto es una decisión única y exclusiva de la mujer y que es prioridad de la dependencia garantizar la protección a la salud de las mujeres.
Durante la estancia de «María» en el hospital, el director de la institución, José Manuel Rodríguez Domingo, informó a la madre de la joven que la inducción del aborto era riesgosa porque se trataba de un embarazo de 13 semanas, argumentó el jefe Jurídico de la SS, Abel Ulises Méndez Cruz.
A pesar de ello, se respetaron los derechos reproductivos de «María» y se «mostró la disposición de practicar la interrupción del embarazo, por medio de un aborto medicamentoso», hechos de los que tuvo conocimiento el Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel López Hernández.
En el comunicado la SS aseguró que «ante estos hechos, la madre de la paciente, decidió solicitar el alta voluntaria, siendo trasladada por ella y las personas que la acompañaban a otra instancia médica, para que se les brindara la atención».
La interrupción de un embarazo por violación es un derecho de la mujer mexicana de acuerdo con el Código Penal, añade el documento, «la víctima debe someterse a exámenes que acrediten la agresión sexual y tiene derecho a recibir asistencia médica en centros médicos determinados para ello, así como a un apoyo psicológico».
Por su parte, el Colectivo Huaxyacac lamentó el hecho de que la SS diera a conocer el nombre de la madre de la víctima en el boletín porque nadie tiene derecho a ventilar la vida e identidad de las personas.
El Colectivo Huaxyacac insistió en la mala actitud de las autoridades médicas en el caso de «María» y reiteraron dilación en su atención desde la agente del Ministerio Público (MP) Especializada en Delitos Sexuales, Fluvia Rocío Hernández Cruz quien retrasó la emisión de un documento que mandatara al Hospital General la interrupción legal del embarazo, pese a las instrucciones directas del Procurador General de Justicia del Estado.
Cuando se solicitó la interrupción del embarazo, «María» tenía nueve semanas de gestación y fue autorizado hasta cuatro semanas después, con lo que se demuestra que hubo un retraso imputable a las autoridades.
El colectivo que agrupa a más de 60 organizaciones civiles, expuso que las y los nuevos legisladores que habrán de iniciar actividades en noviembre próximo deberán legislar por las mujeres de Oaxaca y reglamentar el procedimiento de aborto legal, por lo menos 48 horas después de que una mujer presente una denuncia por violación, tarea que le corresponderá al MP.
A su vez el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sergio Segreste Ríos, dijo en el programa radiofónico «Las mujeres también son noticia» –producido aquí por CIMAC y la Organización Radiofónica de Oaxaca- que se continuará de oficio una investigación.
Se trata de saber si el visitador de guardia, Cuauhtémoc Cortés Ramírez, se negó a atender el pasado 28 de agosto, a la madre y al abogado de María, cuando pretendían interponer una queja porque ninguna autoridad se había hecho responsable de resolver la petición de interrumpir el embarazo producto de la violación.
La CEDH expuso que sancionará a quien o quienes hayan incurrido en violación a los derechos de «María» y aseguró que desde que tuvieron conocimiento del caso, éste organismo acompañó a la víctima.
2004/SJ-JC/LR
