Las propuestas de más de 100 organizaciones de mujeres en todo el país para que al Decreto de Presupuesto de Egresos de este año se le diera un enfoque de género, no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.
Los montos solicitados para los programas sociales destinados a la población femenina fueron autorizados –a decir de la asesora de la Comisión de Equidad y Género de aquella instancia legislativa, Daptnhe Cuevas–, pero aún falta mucho por recorrer para que el gobierno federal asuma el compromiso de aplicar a su política económica una perspectiva de género que beneficie por igual a mujeres y hombres.
LAS DEMANDAS
La organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia entregó el pasado 20 de diciembre a la Cámara baja una propuesta de modificaciones al decreto de egresos 2002, firmada por otros 99 grupos de mujeres.
El documento demandaba la igualdad del ejercicio del gasto público entre hombres y mujeres; desagregar por sexo y edad el destino de los recursos; consultar y permitir la participación de la población en los programas y crear mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Ninguna de esas adiciones al decreto presidencial se tomaron en cuenta en el seno de los debates de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La propuesta plasmaba como «obligación» del gobierno federal «desagregar los datos (de asignación de fondos) por sexo y edad», ya que –como explicó en su momento Equidad de Género AC– «la falta de estadísticas en ese sentido impiden que la ciudadanía conozca si los recursos oficiales llegan a la población beneficiada, así como el impacto social y económico para el desarrollo del país».
La diputada federal priista y presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Concepción González, informó que ya que el análisis para desagregar toda la información «es complejo», la discusión sobre el tema se posponía para el 2002.
¿UN PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO?
La demanda de diputadas y ONG para que las mujeres accedan equitativamente a los recursos públicos, nace de la lucha de diversas agrupaciones feministas en todo el mundo, por lo que en las últimas décadas del siglo pasado, la ONU organizó Conferencias Mundiales de la Mujer, y creó el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
La IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín en 1995 –y cuya plataforma fue signada por México–, estableció como un objetivo estratégico «promover la independencia y los derechos económicos de las mujeres, incluidos el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos».
Con ese fin, la cumbre recomendó a los gobiernos del mundo adoptar múltiples medidas, entre ellas: «promulgar leyes que otorguen a las mujeres iguales derechos que los hombres a los recursos económicos (…), así como formular políticas macroeconómicas, microeconómicas y sociales con análisis de género».
Por su parte, Unifem y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advirtieron a los gobiernos sobre «la necesidad de medir, valorar y contabilizar el trabajo ‘invisible’ de las mujeres dentro y fuera del hogar, el tiempo que emplean, su contribución y sus ingresos».
LO GANADO
Pese a que la Comisión de Equidad y Género no cuenta con el desglose final de los recursos por programas, y ante su «optimismo» por el destino de sus solicitudes presupuestales, las mujeres mexicanas se beneficiarían de diversos programas de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobados. Algunos de los recursos destinados quedarían de la siguiente manera:
El Instituto Nacional de las Mujeres, con 220.4 millones de pesos; mujeres en el desarrollo rural y desarrollo productivo, 150 millones de pesos; misma cantidad para el fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales y apoyo a la mujer campesina. Prevención y control de cáncer uterino y mamario con 50 millones de pesos, al igual que salud reproductiva, y para mujer y salud, 10 millones de pesos.
Además, becas escolares para jóvenes madres y jóvenes trabajadoras con 10 millones de pesos cada uno. Capacitación para el empleo a hombres y mujeres con 20.1 millones, y para la inserción y permanencia de la mujer en el ámbito laboral, 10 millones. Guarderías infantiles con 2 mil 910 millones de pesos, y estancias de desarrollo infantil 821.6 millones.
Este panorama «satisfactorio» para la Comisión de Equidad de Género, no lo era tanto para las organizaciones feministas hasta antes del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.
Equidad de Género veía con preocupación que este 2002 los recursos para mujeres fueran menores, ya que en el 2000 se destinó tan sólo 0.3% del presupuesto federal, mientras que en el 2001 se otorgó el 0.26%.
Hasta noviembre del 2001, el gobierno federal propuso poco más de 219 mil millones de pesos para los programas a favor de las mujeres, pero según un desglose reciente elaborado por la Comisión de Equidad y Género tal cantidad sólo llegaría a 4 mil 521.1 millones de pesos.
Ante la negativa legislativa hacia las propuestas de las organizaciones de mujeres, la coordinadora de Proyecto de Presupuestos Públicos de Equidad de Género AC, Lucía Pérez, afirmó que la pelea para que exista un enfoque de género en las políticas públicas es «a largo plazo».
«No es sencillo que los diputados acepten a la primera las propuestas de las ONG. Nosotras tenemos que trabajar con ellos, incentivarlos, seguir presionando».
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