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No hay democracia sin equidad

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Legislar con perspectiva de género significa trabajar desde la creación de las leyes para garantizar el respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres, partiendo de las características específicas de los géneros, a fin de generar condiciones de igualdad entre ellos.

Los gobiernos deben procurar la plena incorporación de todos los sectores sociales, principalmente de aquéllos que por su condición histórica se encuentran en una situación de desventaja, como es el caso de las mujeres.

Debido a que entre los géneros persisten condiciones de desigualdad, es necesario establecer agendas con perspectiva de género en la labor legislativa y parlamentaria nacional.

Para la diputada Martha Lucía Mícher, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la incorporación de las mujeres a la Ley, a los partidos políticos y a una serie de ordenamientos es un quehacer prioritario para las y los legisladores. Igualmente se necesita modificar códigos penales y civiles, leyes de salud, de desarrollo social y violencia al interior del país.

Los países que se han comprometido a través de la firma de convenios están obligados a establecer acciones de carácter legislativo a favor de las mujeres.

La comunidad internacional pretende cumplir con la labor de contribuir con los Estados parte a adecuar la legislación interna con los estándares internacionales.

Distintas organismos a nivel mundial ayudan en la elaboración de iniciativas internacionales a favor del respeto de los derechos de las mujeres, la inclusión de la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación y el desarrollo justo y equitativo de la sociedad, con el objetivo de firmar acuerdos que sean respetados por todos los países miembros.

Legislar con perspectiva de género implica contemplar las necesidades que poseen los hombres y las mujeres, para poder brindar de forma equitativa servicios, derechos y oportunidades.

La legislación desde este enfoque implica la defensa de los derechos de las mujeres y promover la equidad de género, mediante el impulso de normas jurídicas y presupuestales. Asimismo llevar a cabo acciones políticas promotoras de igualdad en la atención de las mujeres.

La sociedad mexicana sólo podrá considerarse democrática cuando logre la inclusión plena de la mujer en todos los aspectos de la vida nacional.

07/GC/GG

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